También se destaca que una multitud se unió en torno a una causa, más en Colombia donde se adolece de una identidad y unidad nacional. Pero como en otras jornadas, quienes terminaron por llevarse toda la atención y las cámaras de los medios de comunicación fueron los vándalos, que intentaron destruir lo que encontraban a su paso.
No se puede entender por qué los comerciantes del centro de Bogotá y otros sectores de la ciudad, tuvieron que blindar sus establecimientos con barricadas hechas de madera para proteger ventanales y fachadas. No estábamos frente a una guerra o el paso de un huracán. Los comerciantes son trabajadores que luchan por hacer empresa, sin embargo son los más afectados en las protestas que buscan defender causas sociales en favor del pueblo, paradójicamente termina afectándolo, porque es el pueblo el que asume las consecuencias de los destrozos.
No entiendo la relación entre la protesta social y el daño a fachadas de entidades públicas, estaciones del sistema de transporte, semáforos, bancas de los parques. El vandalismo deslegitima el verdadero propósito de las marchas. Es el ciudadano el que se ve afectado con la destrucción de estos bienes públicos y quien termina pagando, con sus impuestos, la reparación de dichos bienes.
No entiendo la relación entre la protesta social y el saqueo a establecimientos de comercio. Es un delito que debe ser penalizado. Los protagonistas de estos saqueos, como se vio en la jornada del 21 de noviembre, deben ser identificados y judicializados. Ninguna expresión social hay en sacar muebles, electrodomésticos o víveres de almacenes y supermercados, en llevarse las bicicletas de los portales de Transmilenio, que son el medio de transporte de personas de escasos recursos. Qué protesta social hay en quemar buses, son actos de terrorismo. Qué protesta social hay en forzar el ingreso a unidades residenciales para hacer saqueos en viviendas.
Ante esta situación la intervención de la Fuerza Pública es obligatoria, para cumplir con su función de salvaguardar los derechos fundamentales y proteger los bienes públicos y privados. Salvo unos hechos puntuales de abuso de autoridad, la Policía estuvo a la altura de las exigencias que se hace a un organismo de seguridad. Logró evitar que las marchas se desbordaran, como en Bogotá donde un grupo de ciudadanos quería llegar al aeropuerto para hacer bloqueos.
La violencia en manifestaciones es de reciente recordación en el mundo, como en Francia con el movimiento de “Chalecos Amarillos” con cerca de 50 heridos a quienes les fueron mutiladas partes del cuerpo. En Chile se registraron 20 muertos y más de 2.000 lesionados, situación que también se vivió en Bolivia y Ecuador. En Colombia no llegamos a esos extremos, porque a pesar de la crítica a la reacción del Esmad, el profesionalismo de la Fuerza Pública evitó esa clase de abusos.
No entiendo porque se insiste en llamar protesta pacífica a manifestaciones violentas como las vividas en las calles de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Facatativá y Medellín, con los disturbios en la Universidad de Antioquia, entre otras ciudades. No puede catalogarse como pacífica la violencia con explosivos, piedras, elementos contundentes o armas blancas, que deja como resultado destrucción y personas heridas.
Las autoridades y quienes convocan a paros deben buscar estrategias para neutralizar a los violentos y la clase dirigente debe prestar atención a las manifestaciones de los colombianos, como representantes del pueblo, responder a este clamor nacional con políticas acordes al sentir nacional.