La norma es aplicable a los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y hayan obtenido información en un contexto laboral, incluyendo trabajadores, funcionarios, directivos, accionistas, voluntarios y trabajadores en prácticas. Los Estados miembros deberán poner en vigor las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la Directiva a más tardar el 17 de diciembre de 2021.
La norma recoge unas normas mínimas comunes que garanticen una protección efectiva de los denunciantes cuando informen sobre las siguientes infracciones:
a) Infracciones que entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión enumerados en el anexo, relativas a los ámbitos siguientes: contratación pública, servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, seguridad de los productos y conformidad, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear, seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales, salud pública, protección de los consumidores, protección de la privacidad y de los datos personales y seguridad de las redes y los sistemas de información.
b) Infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión.
c) Infracciones relativas al mercado interior, incluidas las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades.
La Directiva es aplicable a los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo, como mínimo, a las personas que tengan la condición de trabajadores en el sentido del art. 45.1 TFUE (LA LEY 6/1957) (incluidos los funcionarios), a las personas que tengan la condición de trabajadores no asalariados, en el sentido del art. 49 TFUE (LA LEY 6/1957), a los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y los trabajadores en prácticas que perciben o no una remuneración, y a cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
Será también de aplicación a aquellos denunciantes que comuniquen o revelen públicamente información sobre infracciones obtenida en el marco de una relación laboral ya finalizada y a los denunciantes cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.
Además, señala la norma que las medidas de protección que establece son extensibles a los facilitadores, a los terceros que estén relacionados con el denunciante y que puedan sufrir represalias en un contexto laboral, como compañeros de trabajo o familiares del denunciante, y a las entidades jurídicas que sean propiedad del denunciante, para las que trabaje o con las que mantenga cualquier otro tipo de relación en un contexto laboral.
Requisitos para obtener la protección
Los denunciantes tendrán derecho a protección siempre que tengan motivos razonables para pensar que la información sobre infracciones denunciadas es veraz en el momento de la denuncia y que la citada información entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, y que, además, hayan denunciado por canales internos o externos o hayan hecho una revelación pública.
Denuncias internas
El texto incorpora la regulación del procedimiento para llevar a cabo la comunicación a través de canales de denuncia interna. En este contexto se ocupa de la obligación por parte de los Estados miembros de velar por que las entidades jurídicas de los sectores privado y público establezcan canales de denuncia interna y de seguimiento que permitan a sus trabajadores comunicar información sobre infracciones. Se incluyen las entidades jurídicas del sector privado que tengan 50 o más trabajadores, limitación no aplicable a las que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión a que se refieren las partes I.B y II del anexo.
Denuncias externas
La norma se refiere a la obligación de los Estados miembros de establecer canales de denuncia externa y de seguir las denuncias, designando a las autoridades competentes para recibirlas, darles respuesta y seguirlas, dotándoles de recursos adecuados.
Estos canales de denuncia externa, independientes y autónomos, deberán diseñarse, establecerse y gestionarse de forma que garanticen la exhaustividad, integridad y confidencialidad de la información y se impida el acceso a ella al personal no autorizado de la autoridad competente, y permitan el almacenamiento duradero de información para que puedan realizarse nuevas investigaciones.
También detalla la información que deben publicar las autoridades competentes en una sección separada, fácilmente identificable y accesible de sus sitios web, debiendo estas revisar periódicamente sus procedimientos de recepción y seguimiento de denuncias, y por lo menos una vez cada tres años.
Y tanto para las denuncias externas como para las internas el texto contempla el deber de confidencialidad, para no revelar la identidad del denunciante sin su consentimiento expreso a ninguna persona que no sea un miembro autorizado del personal competente para recibir o seguir denuncias, salvo que ello constituya una obligación necesaria y proporcionada impuesta por el Derecho de la Unión o nacional en el contexto de una investigación llevada a cabo por las autoridades nacionales o en el marco de un proceso judicial, en particular para salvaguardar el derecho de defensa de la persona afectada; el tratamiento de datos personales; y el registro de todas las renuncias que se reciban que deben llevar las entidades jurídicas de los sectores privado y público y las autoridades competentes.
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