El órgano de gobierno de los jueces entró en funciones el 4 de diciembre de 2018, después de que se rompiera el acuerdo que alcanzaron socialistas y populares para designar a los nuevos miembros, y los vocales elegidos en 2013 han continuado trabajando, no sin críticas.
Dos de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados -la Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia- han recurrido ante el Tribunal Supremo una veintena de los nombramientos de cargos judiciales que ha realizado este órgano en los últimos meses.
En funciones, denuncian, ha convocado alrededor de cuarenta cargos para dejar cubiertas las plazas más importantes de las principales salas y tribunales del país durante los próximos cinco años.
La situación, no obstante, tiene visos de continuar mientras los grupos parlamentarios no comiencen a negociar la renovación, ya que el Congreso debe designar a diez vocales y el Senado, a otros diez.
El bipartidismo tradicional se ha fortalecido tras las elecciones del 10 de noviembre y socialistas y populares reúnen en la Cámara Baja 208 votos (120, los primeros y 88, los segundos), sólo dos menos de los 210 escaños necesarios y que podría aportar Navarra Suma, coalición en la que se integra el PP.
Pero las negociaciones de cara a la investidura de Pedro Sánchez -y el fracaso de las conversaciones para consensuar la composición de la Mesa del Congreso- vaticinan una aritmética compleja y con múltiples factores.
El PP defiende además cambiar el sistema de elección de los vocales para que la mayoría sean designados por los propios jueces, propuesta que abrazó después de saltar por los aires el año pasado su pacto con el PSOE y entre acusaciones cruzadas de intentar manipular el Poder Judicial.
El acuerdo, que situaba a Manuel Marchena al frente del GGPJ, fracasó después de que el magistrado renunciara al cargo tras filtrarse un wasap del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que defendía ante sus compañeros el pacto con el PSOE porque permitiría controlar la Sala de lo Penal del Supremo «desde detrás».
Vox y Ciudadanos también apuestan por cambiar el método para elegir a los vocales, pero PSOE y Podemos se oponen recordando que es en el Parlamento donde reside la soberanía popular.
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