En la última de las movilizaciones, ocurrida el pasado 21 de enero, se registraron ataques de encapuchados a los agentes de policía con colosales piedras con las que más allá de agredir a los uniformados, buscaban atentar contra sus vidas, porque los objetos fueron lanzados directamente a la cabeza.
Esas imágenes causan indignación, al igual que los actos vandálicos que destrozan el sistema de transporte público e instalaciones comerciales. No se encuentra relación entre una protesta que aduce causas sociales y los hechos que se viven en las calles cuando hay movilizaciones.
Buenas intenciones tiene la alcaldesa de Bogotá al establecer un protocolo para atender los episodios de violencia que se presentan en las congregaciones de manifestantes, sin embargo los primeros casos en los que se puso a prueba el protocolo, terminaron con la intervención del ESMAD, que es el último recurso establecido para salvaguardar la seguridad.
Es plausible que se establezca la presencia de los organismos de control, como las personerías, para que se garantice el respeto por los derechos de todos los actores que intervienen en las protestas, incluso para verificar que no exista excesos por parte de la Fuerza Pública, pero poco pueden hacer las “Madres Gestoras de Paz y Gestores de Convivencia” para contener los ánimos de encapuchados enardecidos. Mucho menos atenderían los reclamos de estudiantes que intenten hacer sanción social cuando se registran hechos de violencia, como establece el primer paso del protocolo de la Alcaldía Mayor, por el contrario, corren el riesgo de ser objeto de las agresiones.
Reiteradamente se dice que los encapuchados que atacan a la policía durante las marchas hacen parte de grupos que buscan generar caos y causar anarquía para desestabilizar el orden, el problema es que hasta el momento las investigaciones no han logrado establecer quién o quiénes están detrás de esos actos vandálicos.
Es incomprensible que los líderes del paro, que se atribuyen los logros de la protesta y la capacidad de convocatoria, se escondan al momento de tener que hacer un llamado para que la jornada se desarrolle de manera pacífica, para controlar los desmanes o asumir responsabilidades por los daños que dejan las movilizaciones.
Todas las propuestas que tengan como propósito buscar la coexistencia pacífica y el respeto por los derechos humanos son bienvenidas, pero en el caso del protocolo para atención de las marchas primero habrá que hacer una campaña fuerte de educación en convivencia ciudadana, acompañada del control de los organismos de seguridad con el desmantelamiento de las bandas dedicadas a perturbar el orden. No puede haber tolerancia con los atentados en contra de la Fuerza Pública que cumple la función de mantener la seguridad. Tal como se levantan las voces para rechazar los abusos por parte de las autoridades, también hay que condenar las agresiones a la policía.
@WilsonRuizO
Wilson Ruiz Orejuela