En una entrevista, Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid e integrado por Pablo Casado en su denominado «gobierno en la sombra», lanza duras críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero sin cerrar las puertas al diálogo, tampoco para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
«El PP es hoy por hoy el único partido con opciones de gobierno que sigue siendo un partido de Estado; es un partido que sabe cumplir la ley y que tiene muy claro que hay que cumplir la ley, pero siempre para fortalecer el Estado», insiste.
El problema, apunta, es que el Gobierno ha planteado un «escenario difícil» en sus primeros días y el PP tiene «sospechas de que se puede producir una colonización de las instituciones con fines que favorecen su pacto con los independentistas de ERC».
«Mal empezamos cuando se propone para fiscal general del Estado a una persona que me merece todos los respeto en lo personal, pero que ha sido ministra de Justicia del Gobierno anterior, diputada y que ha tenido una actividad política activa que la inhabilita para poder ejercer este puesto. Como me inhabilita a mí el estar ejerciendo labores políticas para poder ser fiscal general en momento alguno. Hay que saber elegir en la vida», afirma en referencia a Dolores Delgado.
Magistrado de la Audiencia Nacional, el año pasado se incorporó como consejero al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y este mes se ha sumado al equipo de Pablo Casado para coordinar la política de Justicia de los populares en la sede de la calle Génova.
Desde ahí, por ejemplo, se ha pedido a la Fiscalía que investigue el encuentro en el aeropuerto de Barajas del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, un hecho que, asegura López, supone «un desprecio a la legalidad, a la transparencia, a la soberanía y a la diplomacia».
Con sanciones europeas que prohíben su entrada y tránsito en territorio comunitario, España, recalca, debería haber aplicado el artículo 26 de la ley de extranjería para proceder a su rechazo en frontera y su deportación.
También esta semana el PP ha anunciado una querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por «usurpación de funciones», desde el convencimiento de que ni la Constitución ni el Estatuto catalán le permiten seguir en el puesto tras haber perdido el acta de diputado por estar condenado por desobediencia.
«Vamos a impugnar todos y cada uno de los acuerdos que se adopten en el seno del Consejo de la Generalitat con el voto de Torra como presidente por entender que sería un acto absolutamente ilegal», añade López, quien recrimina al Ejecutivo que no haya enviado ya un requerimiento al Parlamento y recuerda que la Constitución le obliga a defender el Estado.
¿Se va a judicializar toda la vida política esta legislatura? «Ojalá el PP no se viera obligado a realizar este tipo de actos judiciales, ojalá», responde López, que deja claro que su partido acudirá a los tribunales cuando entienda que es necesario defender el Estado de derecho, «máxime además cuando el gobierno está renunciando» a ello.
Sobre la anunciada reforma del Código Penal para reformular delitos como la rebelión, la sedición o aquellos contra la libertad sexual, López asegura que no entiende que se pueda «mezclar» una rebaja de penas «para satisfacer intereses independentistas» con la promesa de dar mayor protección a las víctimas de abusos sexuales.
«No entiendo cómo se puede comparar ambos objetivos. Creo que uno es muy loable, y ahí estaremos, por supuesto, fortaleciendo la protección de las víctimas. Pero donde no estaremos es creando de espacios de impunidad en el ámbito independentista», recalca.
Ante las dudas que ha suscitado en su partido la apuesta del Gobierno por la fórmula «solo sí es sí» en las relaciones sexuales, López señala que habrá que esperar a ver la propuesta y estudiarla. E insiste: «todo lo que tienda a proteger mas a las víctimas en material de libertad sexual, el PP estará ahí, sin lugar a dudas».
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