Lo que sucedió en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el pasado jueves se debe destacar. Me refiero al hecho de que los magistrados que actualmente integran la Corporación lograran una votación unánime, como se requería para la elección del fiscal general, pues se necesitaban los 16 votos para alcanzar la mayoría calificada. Una decisión que además de generar buen ambiente en la imagen de la Corte, se estaba esperando para conocer el nombre de quien fijará las directrices del ente acusador durante los próximos cuatro años.
La tarea queda en manos del fiscal Barbosa que tendrá que afrontar grandes desafíos al mando de la entidad, empezando por hacer una modernización para que sea más eficiente en su labor de enfrentar todas las formas de delincuencia, desde el crimen organizado dedicado al narcotráfico, lavado de activos, extorsiones y minería ilegal, hasta delitos de alto impacto para el ciudadano como el hurto, atracos, lesiones personales y homicidios; del éxito de esa gestión depende el fortalecimiento de la confianza en la institución.
Son los problemas cotidianos en materia de seguridad, ante la aparición de focos de delincuencia, los que aumentaron la percepción que tiene el ciudadano de desprotección en las calles. Esto ha golpeado fuertemente la imagen de la justicia, especialmente de la Fiscalía General de la Nación.
Otros temas, los que ocupan las primeras planas de los medios y que requieren de un compromiso decidido por parte de las entidades encargadas de trazar los lineamientos de la política criminal, esperan al fiscal después de su posesión. El homicidio de líderes sociales, la lucha contra la corrupción, las disidencias de las Farc, son algunos de los casos en los que el doctor Barbosa podrá demostrar el talante que tiene como jurista y su capacidad para asumir los retos de uno de los más importantes cargos del país.
No tengo la menor duda de las calidades éticas y profesionales del nuevo fiscal general de la Nación, que seguramente podrá demostrar cuando enfrente los desafíos que le esperan. Se cuestiona su independencia por la influencia que podría tener del Presidente de la República, pero esta es una situación que afrontan todos los fiscales por el trámite establecido constitucionalmente para su elección -una terna integrada por el Ejecutivo para que la Corte Suprema de Justicia elija-. Es una polémica recurrente cuando hay cambio de mando en el ente acusador, ajena a la voluntad del funcionario judicial. Si se quieren cambiar las reglas de juego, habría que revisar la constitución y presentar el proyecto de acto legislativo que establezca las reformas pertinentes.
@WilsonRuizO
Wilson Ruiz Orejuela