«La justicia sabe perfectamente que a veces se le pide terminar con problemas y no es su función. Su función es juzgar y castigar (…), pero no puede hacer todo el papel. El problema no es jurídico, es social, y toda la sociedad debe estar implicada en él, por supuesto las administraciones más cercanas a la ciudadanía», ha indicado Rosell en una entrevista en RNE.
La delegada ha aseverado que el derecho penal interviene tarde, cuando ya se ha producido el delito, y a veces con una postura «revictimizante», y ha incidido en la necesidad de fomentar una educación igualitaria y en reforzar la protección y el acompañamiento de las mujeres desde distintas instituciones que no son las judiciales.
«Es muy importante dar seguridad a las mujeres» más allá de la seguridad de encerrar en prisión a los agresores, ha dicho Rosell, que ha recordado que hay tarea que hacer en materia de igualdad en ámbitos como el empleo, los salarios y las pensiones.
Ha resaltado la necesidad de impulsar medidas de acompañamiento a las víctimas de violencia de género, también medidas alternativas al procedimiento judicial que pongan en práctica las administraciones locales.
Las mujeres mayores, en situación de vulnerabilidad, las «empobrecidas» o las migrantes acuden con más facilidad a las administraciones locales que a la Justicia, ha destacado Rosell.
«Creo que se puede transitar desde las administraciones locales y con la ayuda de cabildos insulares, las diputaciones hasta la administración del Estado, pasando por la coordinación con la justicia, que sin duda existirá», ha precisado.
También ha insistido en que se debe reforzar el acompañamiento a las mujeres víctimas, desde antes de dar el paso de denunciar hasta que acabe el proceso judicial.
«Es muy necesario porque te vas a encontrar con otro lenguaje, otro tipo de actuaciones, es muy formalista todavía. (…) El acompañamiento previo es muy importante para no encontrarte con un territorio demasiado hostil», ha apuntado.
Asimismo, ha puesto de manifiesto que solo con seguridad económica las mujeres podrán salir de la espiral de violencia.
La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha pedido a la sociedad que denuncie casos de maltrato, ya que las víctimas tardan una media de 8 años y 8 meses en dar ese paso.
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