Casi una hora ha durado la entrevista que ambos han mantenido en los despachos de honor de la Cámara Alta con motivo de la entrega las memorias, cuyas líneas generales también han sido abordadas por ambos, según han manifestado al término de la reunión.
Lesmes ha explicado que los dos han coincidido en la necesidad de la renovación del CGPJ «como una situación de normalidad institucional», en tanto que Llop ha recordado que ya dio traslado a los grupos parlamentarios de esta cuestión en cuanto recibió en diciembre una comunicación al respecto del propio Lesmes.
El presidente del CGPJ se dirigió por carta a Llop y también a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para recordarles que debe cumplirse el artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece que los presidentes de las dos cámaras legislativas deben adoptar las medidas necesarias para renovar en plazo este órgano.
Era la tercera ocasión en que Lesmes se dirigía a los responsables del Congreso y el Senado para instarles a proceder a la renovación de CGPJ, iniciada en agosto de 2018 y fuera de plazo desde diciembre de ese mismo año por falta de acuerdo entre los principales partidos para designar a sus nuevos vocales.
Respecto a las memorias entregadas hoy, Carlos Lesmes ha apuntado que se han detenido especialmente en la situación de la jurisdicción civil por el aumento de la litigiosidad por las «cláusulas suelo», el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) y las tarjetas de pago aplazado o «revolving».
Estas novedades están generando una «litigiosidad enorme», ha advertido presidente del Supremo, que se está tratando de afrontar mediante la activación de juzgados especializados.
Por su parte, Pilar Llop, juez especialista en violencia de género, ha puesto énfasis en la implantación de juzgados especializados en violencia sobre la mujer.
La Comisión Permanente del CGPJ acaba de pedir la especialización en violencia machista de 33 juzgados de lo penal -medida contenida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género- y la creación de siete nuevos juzgados para que exista un órgano judicial especializado en cada provincia española.
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