En una reunión celebrada esta mañana, la Sala de Gobierno de este tribunal ha acordado solicitar a los presidentes de las Salas de lo Penal, Contencioso y Social y al juez decano pongan en conocimiento del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, las actuaciones que creen que podrían aplazarse.
Entre los juicios que se están celebrando estos días en la Audiencia Nacional se encuentra el que afecta al mayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluis Trapero por la actuación del cuerpo durante el proceso independentista catalán y el de la pieza de Gürtel sobre las contrataciones para la visita del papa a Valencia en 2006.
En el primero, el tribunal ha dictado ya una providencia para informar a los implicados de que en la sesión del lunes, en el que las partes presentarán sus conclusiones, participarán en la vista por videoconferencia desde un juzgado de Barcelona; mientras que en el caso Gürtel, el presidente del tribunal ha anunciado que se suspenderá la vista durante al menos 29 días.
La Sala de Gobierno también ha instado a adoptar las medidas necesarias para adaptar las plantillas de funcionarios a «la situación extraordinaria» a raíz de la expansión del COVID-19 y garantizar así la seguridad y la salud de los trabajadores.
Ha reclamado también al Ministerio de Justicia que suministre a la mayor brevedad posible medios para extremar las medidas de limpieza y desinfección de las dependencias de la Audiencia, y que facilite al tribunal mascarillas y soluciones alcohólicas o cualquier otro material que refuerce las medidas de higiene.
Al otro lado de la plaza de la Villa de París de Madrid, en el Tribunal Supremo se siguen las directrices dictadas por el CGPJ y el Ministerio de Justicia, mientras que la Sala de Gobierno tiene previsto reunirse el próximo martes para evaluar la situación, indican a Efe fuentes jurídicas.
Por el momento, se han suspendido hasta nuevo aviso las visitas al alto tribunal (solía haber dos diarias) y se están tramitando los permisos de todos aquellos funcionarios que tengan menores o personas mayores a su cargo.
Estas medidas se producen un día después de que el CGPJ ofreciese unas directrices que dejaban en manos de los jueces suspender actuaciones en zonas con especiales restricciones como Madrid, La Rioja y Vitoria.
Una decisión fuertemente cuestionada por la carrera judicial y fiscal, que piden al Consejo que asuma su responsabilidad y siente criterios claros y razonados para todo el territorio.
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