Las cuatro asociaciones judiciales y las dos de fiscales abajo firmantes, más de veinticuatro horas después de conocer la instrucción del Consejo General del Poder Judicial de 11 de marzo de 2020, estamos en condiciones de afirmar que, lejos de suponer una ayuda para frenar la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud con ocasión del coronavirus (COVID-19), ha traído caos, riesgo para la salud y desigualdad de trato en todo el territorio nacional y, especialmente, en la Comunidad de Madrid.
Como ya dijeron las Asociaciones Judiciales en su comunicado del miércoles, la decisión acerca de dejar la suspensión de actuaciones a la discrecionalidad de cada juez o jueza sin establecer un criterio claro de suspensión homogéneo en toda España es irresponsable y ha acarreado una disparidad de criterios constatable por quienes han asistido este jueves a las sedes judiciales. La inaudita orden de someter la decisión de suspender a la autorización del TSJ y a la ratificación del CGPJ, ha provocado que muchos miembr0s de la Carrera Judicial, sin obtener la autorización de su órgano de gobierno, no hayan procedido a suspender, mientras que otros sí lo han hecho.
Por otra parte, los justiciables y profesionales han acudido a las sedes a tratar de averiguar si juicios de otros días se iban a suspender, a intentar adelantar diligencias o a actos de conciliación, sumando al público citado para hoy el público adicional que ha acudido preocupado por sus asuntos. Esto ha generado algunas situaciones de verdadero pánico entre el funcionariado.
En una situación de crisis sanitaria como la que atravesamos, los poderes públicos tienen que liderar la organización de la sociedad en la línea de evitar la propagación de la enfermedad. El Consejo General del Poder Judicial ha eludido su responsabilidad, ha dado una respuesta tardía, insatisfactoria, confusa y obstruccionista al problema, descargando la responsabilidad de frenar la propagación de la enfermedad en cada juez o jueza particular y ha contribuido a mantener una situación de riesgo de contagio en las sedes judiciales, tanto de justiciables como de operadores jurídicos.
Ante el escenario generado por dicha actitud, reclamamos que por la Comisión Permanente del CGPJ se modifique de forma inmediata el acuerdo del miércoles 11 de marzo en el sentido de establecer medidas concretas y globales para todo el territorio nacional que garanticen la seguridad y salud tanto de los usuarios como de los profesionales de los juzgados. De no hacerse, entendemos que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes Serrano, debería dimitir de su cargo como responsable de lo sucedido.
En Madrid, a 13 de marzo de 2020.
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (APM) ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA (AJFV) ASOCIACIÓN DE FISCALES (AF) JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA (JJpD) FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE (FJI) ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF)
Tribuna Estrella