Así lo solicitan en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF).
Los firmantes del comunicado afirman que más de veinticuatro horas después de conocer la instrucción del CGPJ de este miércoles «lejos de suponer una ayuda para frenar la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud ha traído caos, riesgo para la salud y desigualdad de trato en todo el territorio nacional y especialmente en la Comunidad de Madrid».
Añaden que, «como ya dijeron las asociaciones judiciales en su comunicado del miércoles, la decisión acerca de dejar la suspensión de actuaciones a la discrecionalidad de cada juez o jueza sin establecer un criterio claro de suspensión homogéneo en toda España es irresponsable».
Además, «ha acarreado una disparidad de criterios constatable por quienes han asistido este jueves a las sedes judiciales», agregan las organizaciones referidas.
Comentan que «la inaudita orden de someter la decisión de suspender a la autorización del Tribunal Superior de Justicia y a la ratificación del CGPJ ha provocado que muchos miembros de la carrera judicial, sin obtener la autorización de su órgano de gobierno, no hayan procedido a suspender, mientras que otros sí lo han hecho».
Por otra parte, explican que «los justiciables y profesionales han acudido a las sedes a tratar de averiguar si juicios de otros días se iban a suspender, a intentar adelantar diligencias o a actos de conciliación, sumando al público citado para al adicional que ha acudido preocupado por sus asuntos».
«Esto ha generado algunas situaciones de verdadero pánico entre el funcionariado», aseguran.
Estas asociaciones estiman que «en una situación de crisis sanitaria como la que atravesamos los poderes públicos tienen que liderar la organización de la sociedad en la línea de evitar la propagación de la enfermedad».
Y entienden que «el CGPJ ha eludido su responsabilidad y ha dado una respuesta tardía, insatisfactoria, confusa y obstruccionista al problema, descargando la responsabilidad de frenar la propagación de la enfermedad en cada juez o jueza particular y ha contribuido a mantener una situación de riesgo de contagio en las sedes judiciales, tanto de justiciables como de operadores jurídicos».
Ante este escenario reclaman que la Comisión Permanente del CGPJ modifique de forma inmediata el acuerdo del miércoles «en el sentido de establecer medidas concretas y globales para todo el territorio nacional que garanticen la seguridad y salud tanto de los usuarios como de los profesionales de los juzgados».
«De no hacerse entendemos que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, debería dimitir de su cargo como responsable de lo sucedido», concluyen.
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha apoyado el comunicado conjunto de las referidas asociaciones de jueces y fiscales «en la idea compartida que expresa».
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