Así lo expresan los representantes en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud (CNSS) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Paz Fernández Muñoz y Jorge Riestra; de Juezas y Jueces para las Democracia, Gloria Poyatos y Carlos Preciado Domenech, y de Foro Judicial Independiente, Ana Descalzo Pino y Marcos Ramos Valles.
Estos jueces han remitido un escrito a la Comisión Permanente del CGPJ en el que aseguran que los requerimientos de medios de protección individuales y colectivos de este Consejo y de los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas a las administraciones «están quedando en meras formalidades carentes de efectividad».
«Las situaciones de riesgo de jueces en órganos persisten y se agravan a medida que se extiende la población infectada, máxime en órganos especialmente expuestos», advierte.
Los representantes de las citadas organizaciones han expuesto en la reunión telemática de la CNSS del órgano de gobierno de los jueces «la ausencia absoluta de medidas de protección individual y colectiva en las sedes judiciales».
En especial han incidido en «los incumplimientos flagrantes en materia preventiva que afecta a la prestación del servicio de guardia en los juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer y en los registros civiles».
Alertan de que «es una cuestión de salud pública al correr el riesgo cierto de que los órganos judiciales y los registros civiles se conviertan en focos de infección insanos para los ciudadanos».
Comentan que ha sido remitido al Servicio del Prevención del CGPJ un escrito sobre las incidencias por afectación del COVID-19 en los juzgados de instrucción número 4 de Lleida, con el juez contagiado, y número 5 de Tortosa (Tarragona), con un funcionario infectado.
Añaden el cierre provisional de las plantas donde están los juzgados de lo Penal de Barcelona (edificio P de la Ciudad de la Justicia) por dos casos de COVID-19 en tanto se realiza limpieza y se recibe la autorización de las autoridades sanitarias, además de otros dos juzgados en Ávila y Segovia.
Por ello proponen al CGPJ que «de forma inmediata y efectiva se dé cumplimiento a las medidas de protección individual y colectivas básicas para la prestación de servicios en los juzgados de toda España en condiciones mínimas de seguridad y salud laboral, en especial en los órganos más expuestos en los que hay más relación con los ciudadanos».
También exigen al CGPJ que en caso de persistencia en el incumplimiento de los requerimientos a las administraciones de la aportación de medios personales en el plazo de 24 horas se dé cuenta a la autoridad sanitaria y se sustituyan los servicios mínimos presenciales por asistencia telemática.
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