El titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presentado sus proyectos este viernes a los máximos representantes de los consejos generales de la abogacía, los procuradores y los graduados sociales, a quienes busca implicar en las reformas junto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con competencias.
Las medidas en estudio, apunta Justicia en un comunicado sin ofrecer detalles, buscan reactivar el sector tras el fin de las medidas de confinamiento, conscientes todos los operadores de que se registrará un importante incremento de casos por despidos, ERTE, concursos, impagos, desahucios, procedimientos de familia o sanciones impuestas por el confinamiento.
El Gobierno, de acuerdo con los decretos ya aprobados, tiene que tener listo el plan en un plazo de quince días tras el fin del confinamiento.
El objetivo es centrarse en los ámbitos social, contencioso-administrativo y mercantil, los órdenes jurisdiccionales que se van a ver más afectados por el parón de la actividad. «La Justicia ha de formar parte de la reactivación de la economía», ha subrayado Campo.
Este plan, apuntan fuentes del Ministerio, buscará «dotar de músculo» a los juzgados mas castigados para asumir la carga que se avecina, con medidas organizativas como refuerzos o prolongaciones de jornada.
El Ministerio, añaden las fuentes, ultima además un real decreto urgente con las iniciativas que no pueden esperar y que deberán aplicarse al levantarse el estado de alarma. Se plantea en ese marco, por ejemplo, la posibilidad de habilitar el mes de agosto, cómo computar los plazos procesales suspendidos o la tramitación preferente de determinados asuntos.
En paralelo al plan de choque y al decreto se trabaja en la reforma procesal, con el objetivo de presentar un anteproyecto antes del verano y que sea «ampliamente consensuada con el conjunto del sector».
El Ministerio baraja incluir en él diversas reformas para agilizar la Justicia, como la posibilidad de que los jueces dicten sentencias orales en determinadas circunstancias o de recibir notificaciones a través del móvil y cambios en el orden social o laboral para una tramitación más rápida de los procedimientos, apuntan las fuentes consultadas.
Campo se ha reunido ya con las asociaciones de jueces y ayer avanzó que la próxima semana se citará con las de fiscales -la Unión Progresista de Fiscales ha mostrado este viernes su » más absoluta indignación» por no haber sido escuchados- y de letrados de la Administración de Justicia.
Los proyectos, insisten desde el Ministerio, no son fruto de la improvisación. Muchas de las medidas fueron ya avanzadas por Campo al presentar el plan Justicia 2030 al inicio de la legislatura, pero el coronavirus obliga a adaptar las prioridades.
El CGPJ, por su parte, ha adelantado sus propuestas para el momento en el que se reactive la actividad en los juzgados y varias coinciden con las que baraja el Ministerio.
El órgano de gobierno de los jueces ha planteado, por ejemplo, habilitar el mes de agosto, permitir dictar sentencias orales, o desincentivar los pleitos «sin fundamento» mediante el pago de las costas o la imposición de una multa en el orden civil.
Ha puesto también sobre la mesa la necesidad de reforzar los órganos sobrecargados mediante el establecimiento de normas de reparto y especialización de los Juzgados, más allá, incluso, del ámbito territorial del partido judicial.
Las asociaciones de jueces y fiscales han recibido con recelo este plan, al estimar que, aunque es «bienintencionado», no resulta realista y esconde una reforma integral de la Justicia que requiere tiempo.
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