Auxiliadora Borja, decana del Colegio de Abogados de Valencia, piensa, al igual que otros letrados, que se avecina un colapso importante en los tribunales en asuntos de todo tipo, tanto en lo social, por despidos y ERTEs, como en familia, por divorcios, ejecuciones de sentencia o rebajas de pensiones, en mercantil, por impagos, o en hipotecario, por casos de insolvencia.
Y la mediación y el arbitraje pueden ser la mejor solución para resolver más rápidamente esos conflictos sin recurrir a los jueces. Pero es necesario que los usuarios de la Justicia las conozcan para que recurran a ellas.
Y en este sentido, tanto Borja como los otros abogados consultados creen que el ejecutivo central y los autonómicos deberían fomentar públicamente el uso de la mediación y el arbitraje.
La primera es fundamental, en familia, pero también frente a problemas de hipotecas y alquileres. En otras áreas, como reclamaciones a bancos o desacuerdos en el ámbito mercantil, el recurso a un laudo arbitral puede dar una solución en unos meses, explica Borja.
En teoría, la mediación concita el consenso entre los partidos, como demuestra la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar la mediación como forma de resolución de conflictos, aprobada con muy amplio apoyo del pleno del Congreso de los Diputados en marzo de 2017.
Pero en la práctica, es necesario algo más que el consenso. El Anteproyecto de Ley de Impulso a la Mediación que promovió el ejecutivo de Pedro Sánchez en la pasada legislatura fue informado favorablemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Pero en aquel dictamen el órgano de gobierno de los jueces señalaba la necesidad de plantear medidas de impulso a la mediación que vayan más allá del ámbito estrictamente normativo mediante políticas públicas activas. Es decir, entre otras cosas, inversión.
De la misma opinión son varios abogados consultados, que apuntan que la mediación es un recurso ideal, porque es rápido e implica a las partes en la solución, pero requiere inversión para su desarrollo institucional y su fomento entre la ciudadanía.
A pesar de todo, desde el Colegio de Abogados de Valencia, una referencia a este respecto, Borja defiende la utilidad en este momento tanto de la mediación como del arbitraje para paliar el colapso.
El Colegio de Abogados de Valencia creó en 2008 el Tribunal Arbitral de Valencia, un organismo que cuando recibe el encargo de resolver un conflicto designa un árbitro entre sus especialistas, señala sus honorarios y vela por la aplicación de su Reglamento en el dictamen de un laudo que compromete a los implicados en el litigio.
En cuanto a la mediación, la abogada y mediadora Ana Mir, directora técnica del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valencia, defiende que “el ciudadano debe pensar que tiene a su disposición una solución a su conflicto, por ejemplo un conflicto vecinal, un impago de hipoteca con posibilidad de desahucio o una separación con hijos». Y puede encontrar una solución en dos o tres sesiones.
El centro de mediación del Colegio de Abogados de Valencia ha cerrado 12.300 acuerdos por mediación desde 2012, y ha realizado otras 11.000 sesiones informativas, a las que se suman las que ahora mismo, durante el confinamiento, están llevando a cabo mediante plataformas online.
La labor de los más de 600 letrados que trabajan en él se ha desarrollado muy especialmente en temas hipotecarios, con los que comenzó su labor mediante un convenio con la Diputación de Valencia que se extendió a diecisiete oficinas repartidas por toda la provincia.
En 2016 amplió su labor a la mediación derivada desde juzgados en asuntos de familia o vecinales (como pueden ser problemas por ruidos o lindes) e incluso asuntos penales de poca gravedad.
Francisco Tomás-Valiente