A través de la web de la Fiscalía, fiscal.es, Huete manifiesta que es «totalmente correcta» la advertencia de UNICEF de que en tiempos de COVID-19 los menores pasan más tiempo en las plataformas virtuales y, por tanto, pueden estar más expuestos.
«No me parece adecuado que se generalice como regalo a niños de 10 años un smartphone con tarifa plana de conexión a internet y, desgraciadamente, eso suele ocurrir, siendo en muchos casos los abuelos quienes lo propician», señala el máximo responsable de Menores en el Ministerio Público.
Destaca que «cada vez con más frecuencia los adolescentes incurren en conductas delictivas en redes sociales como WhatsApp, en las que las víctimas también son menores o adolescentes».
«Quizá este tiempo en el que ha sido necesaria una estancia forzada en casa ha podido ser el momento en el que se haya evitado el aislacionismo que puede provocar el uso de estas tecnologías al tener que compartirse espacios reducidos en los domicilios y con ello se haya posibilitado un mayor diálogo entre los padres y sus hijos acerca del uso que están haciendo de las mismas», comenta.
Javier Huete aclara que en internet los menores «no son distintos a los adultos», es decir pueden ser víctimas pero también victimarios.
«Internet proporciona a los usuarios falsos sentimientos tanto de anonimato como de impunidad que con frecuencia les lleva a adoptar actitudes y comportamientos que en la vida real quizá no adoptarían», añade.
El fiscal de menores agrega que «esto se hace aún más patente en los adolescentes por su impulsividad y falta de experiencia y reflexión, de tal forma que tienden a trivializar algunos comportamientos, lo que se traduce en que actúen con ligereza sin apercibirse de que alguna de esas conductas (groserías, insultos o amenazas) constituyen ilícitos penales».
Para el fiscal de Menores es primordial llevar a cabo una labor preventiva y, «a fin de evitar que se conviertan en autores de hechos delictivos, debe informarse a la población adolescente y a sus padres de que no existe impunidad y que ese tipo de comportamientos tienen respuestas sancionadoras y otras consecuencias como las patrimoniales».
Entiende que «lo que no puede pretenderse en una sociedad es que quienes eduquen sean fiscales o jueces» pues «la Justicia siempre actúa a posteriori, cuando ya se ha cometido un comportamiento delictivo y el mal está hecho».
«La educación se imparte en la familia y en la escuela y es en esos ámbitos en los que debe inculcarse a niños y adolescentes el aprecio de la intimidad propia y el respeto por la ajena, pues la falta de dichos valores elementales es el caldo de cultivo de esa clase de conductas», recalca.
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