«Lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a la Fiscalía y al poder judicial creyendo en la independencia de los últimos y en la autonomía de los primeros y solo por ese camino podremos llegar a la verdad», ha indicado el ministro este martes en la sesión plenaria del Senado.
Lo ha hecho a respuestas del senador de Más Madrid Eduardo Fernández, que ha pedido al Gobierno que aborde las «reformas necesarias» para demostrar que «todos somos iguales ante la ley» en relación a la investigación asumida por la Fiscalía del Supremo.
Ante las menciones del senador al rey emérito como «presunto corrupto que se sirve de sus privilegios para actuar al margen de la ley», el ministro ha criticado a Fernández por no creerse «la presunción de inocencia de nadie» ni respetar el papel de los tribunales, «que son quienes tienen que determinar si hay hechos delictivos y buscar a los culpables».
«Ese no es el camino de la democracia», ha dejado claro el ministro, que ha cargado contra el senador por no dejar actuar a la Fiscalía y dejar sentados los hechos probados.
El senador ha cuestionado que haya sido la Justicia extranjera la que haya investigado estos hechos -en relación a las pesquisas de la Fiscalía de Ginebra contra presuntos testaferros en cuentas bancarias de ese país-, y ha recordado que el rey Felipe VI renunció a la herencia de su padre.
Ha pedido al ministro que «no impidan» investigaciones parlamentarias en relación al rechazo de la Mesa del Congreso a dos propuestas para investigar al rey emérito que habían cursado Unidas Podemos y los grupos independentistas y nacionalistas, con los votos del PSOE, PP y de Vox.
El argumento que defendió el PSOE fue el mismo que el esgrimido por los letrados en su informe: La inviolabilidad del rey es de «efectos jurídicos permanentes».
Sin embargo, la Fiscalía, al anunciar que asumía la investigación sobre estos hechos, precisó que ésta se centraría en «delimitar o descartar» la relevancia penal de lo ocurrido desde junio de 2014, cuando Juan Carlos I dejó de ser jefe del Estado y, con ello, perdió la inviolabilidad que le reconoce la Constitución.
El ministro ha insistido en que «todos somos iguales ante la ley» y ha añadido que «el problema en nuestro país no es la inviolabilidad o inmunidad, sino una justicia efectiva para todos».
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