Tras cumplirse un mes del fin del estado de alarma, Campo analiza en una entrevista con Efe la actualidad marcada por la investigación de la Fiscalía al rey emérito, las medidas adoptadas recientemente por las comunidades para intentar frenar los brotes de coronavirus y la situación que se avecina en los juzgados, donde se espera un alud de procedimientos en los próximos meses.
Desde la sede del Ministerio, Campo lanza un mensaje de «tranquilidad» y «confianza» en las instituciones «al margen del comportamiento de las personas», en relación con la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a la Meca donde podría estar involucrado Juan Carlos I.
«La Justicia es lenta pero actúa. Habría que repasar las hemerotecas para ver a muchos que pensábamos que eran intocables, dónde están hoy», subraya el ministro, y agrega: «Que nadie tenga miedo de eso: Si tiene que actuar, actuará».
Campo admite sentir preocupación por las noticias en torno al rey emérito, pero cierra al mismo tiempo filas con Felipe VI, quien ha dado, sostiene, «enormes pasos para fortalecer la institución» y ha hecho «cosas tremendamente importantes para identificarse con la ciudadanía», dotando de transparencia a la Monarquía. «¿Hasta dónde debe llegar? Él lo tendrá que ver», opina
Rehúsa el ministro entrar a analizar si el Gobierno debería retirarle la condición de rey emérito, que «simplemente» le da un tratamiento de aforado, y pide hacer un «esfuerzo intelectual» para distinguir la institución de «las actuaciones puntuales» que puedan desarrollar sus miembros.
A su entender, hay que dejar actuar a una Justicia que, subraya, «es igual para todos» y en la que se debe respetar la presunción de inocencia, «también» para el rey emérito, a quien la pérdida de la inviolabilidad que conllevó su abdicación lo convirtió en alguien «igual que cualquier otro ciudadano». «¿Que puede ser investigado a partir de ahí? Sin ninguna duda», argumenta.
La misma presunción de inocencia la defiende también Campo para el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en relación al caso Dina, una pieza del caso Villarejo sobre el presunto robo del teléfono de una exasesora de Podemos y donde el juez le acabó retirando la condición de perjudicado al apreciar contradicciones entre su versión y la de la exempleada.
EL GOBIERNO NO CONTEMPLA APLICAR EL ESTADO DE ALARMA PARCIAL
El ministro de Justicia no descarta abordar con el sosiego necesario reformas legales para afrontar de manera eficaz situaciones inéditas como la que ha provocado la pandemia de COVID, pero también recalca que lo ocurrido ha demostrado que no había «plan B» al estado de alarma que decretó el Gobierno.
No obstante, considera que la legislación actual contempla herramientas suficientes para proteger a los ciudadanos a partir de un concepto que, a su juicio, ha estado presente en todo momento: la cogobernanza entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.
Afirma el ministro que no procede aplicar en estos momentos un estado de alarma parcial, dado que las comunidades tienen margen para actuar, siempre con control judicial cuando afectan a derechos fundamentales, y lo están haciendo «con gran acierto».
De hecho, hace hincapié en que se están tomando las medidas adecuadas, como demuestra que «no hay ningún rebrote descontrolado».
Campo se muestra particularmente satisfecho del amplio consenso que ha suscitado en el Congreso el proyecto de ley de medidas que buscan evitar el colapso de los juzgados tras la pandemia.
A su juicio, es un hecho «tremendamente histórico» que partidos como el PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos o PNV hablen «el mismo lenguaje» y hay que celebrar que «la cogobernanza en Justicia ha llegado también a los grupos parlamentarios».
El objetivo de ese proyecto y del plan de choque dotado con 50 millones de euros no solo es evitar el colapso de la Justicia, sino también prepararla mejor por si la situación sanitaria provocara un nuevo parón.
Campo confía en que eso no ocurra, pero subraya que lo importante es estar «preparados» para conseguir que, si se tienen que adoptar medidas excepcionales, se cause un «menor detrimento» en el servicio público.
«CLARO QUE HAY QUE INVESTIGAR EL ESPIONAJE, TAMBIÉN EN EL PARLAMENTO»
El ministro es partidario de investigar «siempre» hechos «graves» como el presunto espionaje al presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, sobre el que los socios de Gobierno y de investidura del PSOE han pedido una comisión de investigación parlamentaria.
«Claro que hay que investigar siempre desde los distintos planos que la sociedad articula, fundamentalmente a través de los tribunales de justicia, pero también de las comisiones de investigación que se puedan realizar en sede parlamentaria».
Al respecto, recuerda que él formó parte de la comisión que dio por probado que durante el Gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, «se había instrumentalizado a un sector de la policía con fines políticos, para vigilar al adversario político».
Al Ministerio de Justicia ya han llegado «dos o tres» peticiones de indulto que afectan a la mayoría de los condenados por el «procés», pero Campo asegura que se tramitarán «cuando les toque», sin ningún «tratamiento de favor o desfavor».
Asume que ese debate generará «tensión política», pero tiene claro que el Gobierno «actuará como corresponda en derecho» después de escuchar al tribunal sentenciador y la Fiscalía. Y recuerda que la decisión del Ejecutivo podría ser recurrida ante el Supremo.
Del mismo modo que se puede recurrir, recuerda, la decisión de la administración penitenciaria catalana de conceder el tercer grado a los condenados, un asunto que ahora estudia la Fiscalía y sobre el que el ministro prefiere no pronunciarse por desconocer el expediente y «por razones obvias».
FISCALES MÁS AUTÓNOMOS Y CON MÁS CAPACIDAD PARA DISCREPAR
Uno de los principales retos del ministro es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que data de 1880, para, entre otras cuestiones, encargar a los fiscales la dirección de las investigaciones penales.
El ministro tiene claro que presentará su anteproyecto antes de fin de año, pero también que eso será solo el comienzo de un amplio debate y que puede tardar «cuatro, cinco o seis años» antes de que empiece a aplicarse, dado que será necesario cambiar las normas de funcionamiento del ministerio fiscal.
«Si vamos a poner al fiscal a promover la acción de la justicia y dirigir la investigación criminal, tenemos que dotarle de una mayor fortaleza de la que tiene. Bajo unos principios claros de unidad de acción y dependencia jerárquica, que son los motores o pilares de actuación del ministerio fiscal, tenemos que robustecer la posición del fiscal individualmente para que si quiere discrepar con su jefe tenga mecanismos claros para hacerlo, para que la autonomía de actuación sea más sólida de lo que lo es hoy», sostiene.
Y cree que en este debate no debe influir «en absoluto» que la actual fiscal general sea su antecesora en el ministerio, Dolores Delgado. Entre otras cosas porque «cuando la ley entre en vigor posiblemente no estemos ninguno de los protagonistas en escena», apunta.
CONFIADO EN UN CAMBIO DE ACTITUD DEL PP PARA RENOVAR EL CGPJ
El otro gran reto pendiente desde hace más de año y medio es la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, desde hace ocho meses, de un tercio del Tribunal Constitucional, para las que son necesarias mayorías parlamentarias de tres quintos, es decir, un acuerdo entre PP y PSOE.
Campo es optimista tras el apoyo del PP al decreto para evitar el colapso de la Justicia y el resultado de las elecciones gallegas, en las que los ciudadanos «han mandado un mensaje claro sobre qué PP quieren».
«Me quedo con ese PP que apoya, que mejora, que lucha por que la Justicia tenga mejores instrumentos legales y espero que ese clima se proyecte también en lo que es una deuda de hace un año y seis meses», subraya.
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