Del 11 al 31 de agosto funcionarán juzgados y tribunales, una medida que recibió críticas de buena parte del sector y de los grupos parlamentarios, que recientemente consensuaron eliminarla, aunque la supresión definitiva no se debatirá hasta septiembre.
La habilitación fue incluida por el Gobierno en un real decreto con un amplio paquete de medidas organizativas y procesales para hacer frente al alud de casos que se esperan en los juzgados tras la pandemia.
Al tratarse de un real decreto, su aplicación fue inmediata, pero después tuvo que ser convalidado por el Parlamento y tramitado como proyecto de ley, con el consiguiente tránsito por el Congreso y el Senado.
En el Congreso recabó una amplía mayoría (apoyos del PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y PNV y el único «no» de Vox), aunque los grupos acordaron suprimir la polémica medida de habilitar agosto. Sin embargo, al Senado, donde el proyecto tiene que ser ratificado, no llegará hasta septiembre, de modo que la habilitación parcial de agosto sigue vigente.
Pese a ello, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomendó a los jueces que limitasen las vistas y concentrasen sus vacaciones en este periodo.
Así, aunque habrá algunos señalamientos, las dos asociaciones judiciales con mayor representación en la carrera -Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV)- reconocen en declaraciones a Efe que esta medida no tendrá tanto impacto para los jueces como para los abogados y procuradores, «los grandes perjudicados» por la misma.
«No creo que vaya a ser como un mes de junio o julio, pero tampoco va a ser un mes normal de agosto», indica la portavoz de la APM, María Jesús del Barco, para quien 20 días hábiles no solucionan «nada» y lo «único que causan es perjuicio».
Opina lo mismo el portavoz de la AJFV, Jorge Fernández Vaquero, para quien esta medida no aporta «nada» en «la mejora de la eficiencia y la productividad» y, sin embargo, tiene unas consecuencias «muy graves» para la conciliación de abogados y procuradores, que deberán estar atentos a los plazos procesales para presentar los escritos correspondientes.
Estos profesionales fueron los más críticos con esta medida al considerar que niega el derecho a su descanso y la posibilidad de conciliar, y que puede ser ineficaz ante la imposibilidad de practicar actuaciones judiciales por la ausencia por vacaciones de algún operador jurídico.
Fuentes del Consejo General de la Abogacía Española apuntan a Efe que «el señalamiento de vistas» en agosto «está condenado a la suspensión de las mismas y el retraso adicional que ello lleva consigo» y que la medida resulta «lesiva» para el derecho de defensa.
Celebran la recomendación del CGPJ de concentrar las vacaciones en agosto, como solicitó la Abogacía. Una sugerencia a la que se unió también la Fiscalía, que aconsejó en un decreto acumular las vacaciones durante ese periodo.
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