Con 290 votos a favor, 52 en contra – de Vox- y cinco abstenciones, la cámara baja ha avalado la norma, tras incorporar las enmiendas del Senado, que ha sido impulsada por el Ministerio de Justicia para agilizar la administración de justicia y reforzar las medidas higiénicas en juzgados y tribunales para evitar el colapso judicial ante la crisis sanitaria.
Ha sido el propio ministro Juan Carlos Campo quien antes de cerrar el debate parlamentario ha tomado la palabra para agradecer a los grupos por sus aportaciones a «una ley que va a permitir unas mejores reformas procesales y organizativas para combatir los efectos de la covid y modernizar» la administración de Justicia.
Una de las principales -y últimas modificaciones al texto a instancias del Gobierno- es la inclusión de la reforma de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, para agilizar y mejorar el control judicial de las restricciones que los ayuntamientos y CCAA acuerdan en la lucha contra la pandemia.
De esta forma, serán los tribunales superiores de justicia (TSJ) de las comunidades autónomas en lugar de los diferentes juzgados de cada localidad como en la actualidad, lo que revisen esas medidas.
Precisamente, este punto ha sido duramente criticado por Vox que ha tachado esa enmienda como «un expediente parlamentario inapropiado», que «no era objeto previo» en la norma pero que es «evidente que nace de ciertos contratiempos habidos en juzgados» que no han aprobado las restricciones de las administraciones.
Todo lo contrario que el PP, que ha sacado pecho por haber «transformado ampliamente» el texto inicial que «no estaba pactado con nadie y tenía enfurecido a los profesionales de Justicia», si bien «se han hecho importantes arreglos» para «afrontar con eficiencia» la situación judicial.
Podemos ha mostrado su satisfacción por haber «dejado el partidismo a un lado» y esperan que «la experiencia con esta ley nos sirva de ejemplo» porque «los consensos son imprescindibles».
La norma contiene un paquete de medidas para evitar el colapso de la justicia ante la avalancha de asuntos derivados de la crisis económica por el coronavirus que supondrá un atasco judicial.
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