El actual CGPJ lleva ya dos años con el mandato caducado y el PSOE y Unidas Podemos impulsaron el recorte de sus competencias para forzar al PP a negociar la renovación, pero, mientras tanto, el órgano de gobierno de los jueces está decidido a seguir con su trabajo siempre que haya un amplio consenso entre los vocales.
En el orden del día se ha incluido el nombramiento del presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, de la de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias y de la Audiencia Provincial de Cáceres.
El CGPJ tiene también previsto estudiar los escritos presentados por dos grupos de vocales que aspiran a dictaminar la reforma legal impulsada por el PSOE y Unidas Podemos.
Uno de esos escritos quiere que el CGPJ solicite del Congreso que recabe informes del órgano de gobierno de los jueces y de la Comisión de Venecia (Consejo de Europa) sobre la proposición de ley, mientras que el otro propone examinar la iniciativa sin que lo pidan las Cortes.
Al tratarse de una proposición de ley presentada por grupos parlamentarios y no de un proyecto de ley impulsado desde el Ejecutivo, la ley no establece que los órganos consultivos deban emitir informes, pero hay malestar entres varios vocales, que consideran que la iniciativa es un «insulto» a su independencia.
La reforma inició su tramitación el martes, avalada por la mayoría del pleno y con la oposición del PP, Vox y Ciudadanos, mientras sigue en suspenso otra proposición presentada también por los grupos de la coalición de Gobierno para rebajar la mayoría de tres quintos necesaria para elegir al nuevo Consejo.
Para alcanzar esos tres quintos es necesario el acuerdo del PSOE y del PP, pero la conversación telefónica que mantuvieron este martes Pedro Sánchez y Pablo Casado no permite atisbar un próximo pacto.
Estrella Digital