En concreto, ha sido el Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz el que ha dictaminado la improcedencia de los despidos, que no su nulidad, como pretendía el sindicato de pilotos de líneas aéreas SEPLA, por parte de Canair, que opera para Binter Canarias.
Durante la erupción del volcán de Cumbre Vieja los tres pilotos despedidos decidieron, en diferentes vuelos, seguir su criterio profesional en contra de la voluntad de la dirección de operaciones: desde no iniciar un vuelo que consideraban peligroso hasta rodear una nube volcánica en lugar de atravesarla, indican SEPLA y USCA.
Hacen hincapié en que las cenizas volcánicas son «un material que puede dañar seriamente el fuselaje y los motores de los aviones», y por ello «los pilotos valoraron riesgos antes de iniciar un vuelo que podría ser peligroso».
Dos semanas después de reportar el riesgo que esto hubiera supuesto para la seguridad del vuelo, la compañía les despidió con una carta en la que se limitaba a alegar «pérdida de confianza».
Sepla pidió la nulidad de los despidos, pero el juzgado se limita a aceptar su improcedencia, solicitando una indemnización para los trabajadores.
✈️En España, despedir a un trabajador que defiende por encima de todo la seguridad de sus pasajeros sale muy barato.
✈️ Lo contamos @sepla_pilotos y @USCAnet en esta nota de prensa#Binter #Nulidadhttps://t.co/Ys50ZZofiB pic.twitter.com/PAfZKNOz68— Sepla (@sepla_pilotos) March 16, 2022
Se quejan ambos sindicatos de que no haya en toda la sentencia «ni una sola alusión a la seguridad aérea ni a los conceptos de cultura justa, según los cuales los profesionales de la aviación deben sentirse libres y protegidos para informar sobre cualquier cuestión relacionada con la seguridad».
Eso, al mismo tiempo que acepta que «no existe justificación para el despido, tal y como la propia empresa reconoció en el juicio».
USCA recuerda que también el colectivo de controladores aéreos, al que representa, se ha visto afectado en los últimos años por varios despidos que a su juicio no estaban justificados, como los llevados a cabo por SAERCO en 2017 contra dos compañeros que, por cuestiones de seguridad, no acataron la orden de la dirección del aeropuerto de Fuerteventura de ampliar el horario de las instalaciones.
A pesar de que ambos despidos fueron declarados improcedentes en sede judicial, la empresa no readmitió a los trabajadores, recalca USCA en el comunicado.
Los dos sindicatos trasladaron este lunes su «descontento» al Consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y solicitaron una reunión urgente con el Ministerio de Transportes para abordar este asunto y garantizar que se protejan este tipo de decisiones que afectan a la seguridad aérea.
«Los profesionales del transporte deben sentirse respaldados y seguros en el desempeño de sus funciones, que en ocasiones implica adoptar decisiones de seguridad que pueden suponer un sobrecoste para las aerolíneas o para los proveedores de navegación aérea, pero que se toman por cuestiones estrictas de seguridad operacional y pueden evitar accidentes y salvar vidas», concluyen. EFE
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