El Congreso revive mañana jueves con la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, una nueva polémica de escuchas ilegales telefónicas como la que se destapó en 1995, aunque en este caso, con el sistema Pegasus, el espionaje afectaría al Gobierno y a más de sesenta políticos independentistas.
Y es que en el episodio de 1995 el Gobierno presidido por Felipe González reconoció graves infracciones en la seguridad del Estado al filtrarse escuchas ilegales realizadas por el CESID a políticos, periodistas y al Rey.
El caso acabó con la dimisión de Manglano. Hoy casi 27 años después, el Gobierno -también socialista- reconoce que los móviles del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido espiados hace un año por el sistema Pegasus, un software que solo pueden adquirir los gobiernos y que además habría seguido a más de sesenta políticos independentistas.
Este nuevo caso de presuntas escuchas ilegales ha llevado a que ERC, uno de los socios que sostienen las votaciones del Gobierno en el Congreso, haya pedido la dimisión de la directora del CNI, mientras que el aliado de coalición, Unidas Podemos, y otros partidos que apoyaron la investidura también urgen responsabilidades.
El caso Pegasus ha llevado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a acelerar la constitución de la comisión de secretos oficiales que llevaba bloqueada desde el inicio de la legislatura debido al rechazo de los partidos de la derecha a que ERC, JxCAT, EH Bildu o la Cup estuvieran representados en este órgano.
Su entrada se ha conseguido tras rebajar la mayoría de tres quintos -requerida para su creación- a una mayoría absoluta, lo que ha permitido que estén presentes los portavoces de los diez grupos parlamentarios del Congreso.
De esa forma Batet preside mañana un órgano que nació en 1995 para controlar el gasto de los «fondos reservados» que anualmente contemplan los Presupuestos Generales del Estado. Sería en 2002 cuando la comisión extendió sus competencias a la supervisión de las labores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La última vez que se constituyó la comisión de secretos fue en la XII Legislatura (2016-2019) y estuvo presidida por la expresidenta del Congreso Ana Pastor, e integrada por los diputados Adriana Lastra (PSOE), Dolors Montserrat (PP), Irene Montero (Unidas Podemos), Juan Carlos Girauta (Cs), Aitor Esteban (PNV), Joan Tardá (ERC) y Jordi Xuclá (PDeCAT).
Pero fue un 31 de mayo de 1995 cuando el entonces presidente del Congreso, Félix Pons, presidió su primera sesión, en la que compareció el exministro de Justicia Juan Alberto Belloch para dar cuenta de los gastos reservados del Gobierno para viajes, compensación de retribuciones y otras asignaciones.
La normativa exige que las sesiones se desarrollen a puerta cerrada debido al carácter sensible de la información que se analiza y, por este motivo, los diputados únicamente pueden hacer anotaciones sobre lo que les cuente el Gobierno. No pueden tomar fotos ni grabar nada de lo que se enseñe o se diga.
DEL GAL A CORINNA
La relación del Estado y los fondos reservados con el grupo terrorista GAL, los papeles del CESID, la información sobre la presencia de las armas de destrucción masiva en Irak (2003), la investigación de los atentados del 11-M (2005), el supuesto uso de aeropuertos españoles por parte de la CIA (2006) o los vínculos de la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein con los servicios de inteligencia españoles (2013), son algunos de los asuntos con mayor repercusión abordados por la comisión de secretos oficiales.
En febrero de 1997, tras una comparecencia de los ministros del Interior, Jaime Mayor Oreja, y de Defensa, Eduardo Serra, el PP pidió a la Presidencia de la Cámara que investigara supuestas filtraciones de lo tratado en la reunión.
VETOS A ERC
Durante la X legislatura (diciembre de 2011-enero de 2016) el grupo mixto intentó en cuatro ocasiones (entre 2012 y 2013), que su representante en las sesiones de la comisión fuera un diputado de ERC, pero el PP vetó a los candidatos republicanos por considerar que no eran idóneos para formar parte de un órgano que maneja información sensible del Estado.
ERC recurrió ante el Tribunal Constitucional pero éste no le dio su amparo.
En la XII legislatura (julio 2016-marzo 2019) la constitución de la comisión necesitó seis meses. ERC, que esta vez tenía grupo propio gracias a sus nueve escaños, denunció que no se creara para evitar que pudiera entrar su formación.
Finalmente, en febrero de 2017, la comisión se puso en marcha en una sesión plenaria que admitió la entrada del portavoz de Esquerra, Joan Tardà.
La última reunión de la comisión de secretos oficiales se celebró en marzo de 2019 cuando el entonces ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, compareció ante ella para detallar el destino de los gastos reservados gestionados por su departamento.EFE