Justicia reclamó el año pasado al Consejo cerca de 600.000 euros con los que se pagaron honorarios de los abogados de oficio de la trama Gürtel, al considerar que se habían abonado sin cobertura legal. Entre esos letrados estaban los que defendieron a 11 empresas mercantiles.
La Abogacía reintegró el dinero porque, mientras no lo hiciera, Justicia mantenía bloqueados los pagos mensuales a todo el turno de oficio, pero recurrió la decisión. El Ministerio ha estimado su recurso y, para reclamarle formalmente el dinero, ha decidido abrir un expediente de reintegro de subvenciones.
En la resolución en la que da ese paso, el Ministerio insiste en que su intención es recuperar el dinero que considera que pagó de más.
Como ya se hizo con el juicio de los atentados del 11-M, el anterior Gobierno firmó un convenio con la Abogacía para fijar las retribuciones de los abogados del turno de oficio implicados en la la Gürtel, reconociendo que una macrocausa les iba a exigir una dedicación especial y durante un largo periodo de tiempo.
Pero, según alerta el actual Ministerio en su resolución, en ese convenio se introdujo como novedad que se cubrirían los honorarios de los abogados de oficio de las personas jurídicas, cuando la ley sólo permite asumir ese gasto si se trata de fundaciones o asociaciones de utilidad pública, lo que no era el caso de las empresas de Gürtel.
El convenio, activado en 2016, fijó en 19 el número máximo de letrados beneficiados, una cantidad máxima por abogado de 30.000 euros y un importe máximo global de 570.000 euros.
Según la resolución de Justicia, todos esos límites se sobrepasaron: se han realizado pagos a favor de 34 letrados, en 15 de ellos se ha superado el importe máximo de ayuda por abogado, y la cantidad total abonada asciende a más de un millón de euros.
Las certificaciones remitidas muestran que hubo 22 beneficiarios de abogado de oficio -11 personas y 11 empresas- y que solo en siete casos se aportaron las resoluciones de la comisión de justicia gratuita, que debe validar que, por falta de recursos, se puede acceder a un abogado de oficio. Tres de esos casos fueron rechazados, pero, no obstante, también fueron pagados.
Además de los «abonos en exceso», en su resolución Justicia se centra en la cláusula del convenio que permitió el pago de abogado de oficio a las empresas.
«Con independencia de que se les designase abogados del turno de oficio para garantizarles su derecho a la defensa, no era conforme a la ley que se les reconociese el beneficio de justicia gratuita», destaca.
«Es forzoso afirmar que la Administración ha realizado pagos con cargo a fondos públicos para finalidades no amparadas por la normativa por la que se rige el desembolso de dichos fondos», insiste el Ministerio para anunciar a la Abogacía que va a revisar de oficio el apartado del convenio por que el se autorizaron esos pagos.
Para el Consejo General de la Abogacía, que el Ministerio haya estimado su recurso significa que reconoce que se «extralimitó» en la forma en la que les obligó a devolver el dinero.
«Incumplió sistemáticamente todos y cada uno de los pasos del procedimiento administrativo en un Estado de Derecho», ha denunciado en un comunicado la Abogacía, que avanza que va a reclamar a Justicia que le devuelva los 600.000 euros.
La batalla que lidian tiene más frentes, ya que, tras analizar el caso Gürtel, el Ministerio, siguiendo indicaciones de la Abogacía del Estado y la Intervención delegada, anunció que sólo pagará el turno de oficio cuando se certifique que la persona defendida tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, un trámite que no siempre se cumple.
En una reunión celebrada este miércoles en la sede del Ministerio, el secretario de Estado de Justicia, Manuel-Jesús Dolz, ha propuesto al vicepresidente primero del Consejo, José María Alonso, crear una mesa de trabajo para abordar las demandas de los abogados de oficio, que alertan de que muchos servicios prestados por orden de un juez pueden quedar impagados.
El objetivo de esa mesa, según ha explicado Justicia en un comunicado, será estudiar reformas legislativas y reglamentarias para asegurar «la justa retribución» de las actuaciones que no están amparadas por la ley de asistencia jurídica gratuita.
Paralelamente, el Ministerio convocará en enero a responsables de Justicia de todas las comunidades autónomas para acordar una solución homogénea en todo el país.
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