La Fiscalía General del Estado va a investigar lo ocurrido el pasado viernes 24 de juno en la frontera entre Marruecos y Melilla, cuando al menos 23 migrantes (otra cifra elevan las víctimas a 37) murieron al intentar cruzar la valla que separa ambos territorios. De las pesquisas se hará cargo la fiscal de sala de Extranjería, Beatriz Sánchez. La fiscal general ya ha firmado el decreto encomendándole la investigación. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, también ha señalado que el Defensor del Pueblo iniciará otra investigación.
Así lo ha informado el Ministerio Público en una nota en la que explica que la decisión de Delgado se fundamenta en «la trascendencia y gravedad de los hechos acaecidos, que pudieran afectar a los Derechos Humanos y los derechos fundamentales de las personas, así como en la singularidad y complejidad de la investigación».
La muerte de los migrantes se produjo en el territorio de Marruecos, lo que limita el alcance de la investigación que puede llevar a cabo España. No obstante, la Fiscalía considera que hay razones para indagar las circunstancias en las que ocurrió el suceso, que ha levantado una gran polémica política después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalara que el asalto fue «bien resuelto» por la policía marroquí.
La mayoría de las víctimas fallecieron por aplastamiento o asfixia al producirse una avalancha y quedar atrapadas en una vaguada cercana al perímetro fronterizo. Otras murieron al caer de la valla, que cedió por el peso de los migrantes. También hubo unos 57 heridos, además de 49 agentes de la Guardia Civil que resultaron afectados.
Al menos 500 subsaharianos lograron acceder a Melilla después de que lograran romper con una cizalla la puerta de acceso al puesto de control fronterizo del Barrio Chino, saltando por el tejado del mismo para acceder a la ciudad española. Se trata de la primera entrada masiva que se produce en la ciudad autónoma desde la normalización de las relaciones entre España y Marruecos en abril de 2022, tras el giro de posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara Occidental.
También la ONU
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha solicitado a los gobiernos de España y Marruecos que lleven a cabo una investigación «efectiva» e «independiente» de lo ocurrido. Según ha dicho, están «profundamente preocupados». Bachelet destacó que la tragedia ha registrado el «número más alto de muertes en un solo incidente» desde hace «mucho años» y ha denunciado la violencia con la que se empleó la Policía marroquí.