El juez ha respondido de este modo tras descubrir que en las cuentas de Medina, uno de los dos empresarios que presuntamente estafaron al Ayuntamiento de Madrid con la compraventa de mascarillas, guantes y test de antígenos en los primeros meses de la pandemia, solo hay 247,26 euros.
Dado que el juez quiere que cubra la responsabilidad civil de los presuntos delitos investigados, que en su caso asciende a 1.216.984,33 euros, y que solamente se le ha podido embargar un yate matriculado en Gibraltar de 325.515 euros, le ha dado ese plazo de tres días para depositar 891.227,07 euros, o, de lo contrario, procederá al embargo de todos sus bienes, muebles e inmuebles.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, decide también ampliar la imputación de Medina -hasta ahora investigado por estafa agravada, falsedad en documento y blanqueo de capitales- por un presunto alzamiento de bienes, como habían solicitado varias de las acusaciones, ejercidas por Podemos, Más Madrid, PSOE, la Funeraria de Madrid y Ayuntamiento de Madrid.
Lo hace al constatar que Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, ha vendido bonos cuando ya sabía que estaba siendo investigado y cuando Anticorrupción le había advertido de la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes.
Por ello, plantea una serie de medidas, entre ellas pedir al Juzgado de Primera Instancia número 12 de Sevilla que informe de si sigue el proceso sobre la herencia de la abuela de Medina, Eugenia Fernández de Córdoba, y de si el imputado es parte procesal como demandante y heredero.
De ser así, solicita que se embarguen preventivamente los derechos hereditarios del mismo.
También reclama que, de no presentar la fianza, se averigüen bienes muebles e inmuebles del investigado en España y en el extranjero y que se pida un nuevo informe al Deutsche Bank sobre cuatro operaciones de venta de títulos valores de un bono por alrededor de 55.000 euros realizadas cuando ya sabía que estaba siendo investigado.
También quiere saber el juez las cuentas bancarias en las que se habrían depositado las anteriores cantidades, incluyendo los posibles partícipes y sus últimos beneficiarios.
Por su parte, Medina ha presentado otro escrito en el que, como hiciera recientemente con el Ayuntamiento, pide que se expulse del procedimiento como acusación a la Funeraria de Madrid, empresa municipal a través de la que se firmaron los contratos, porque en su momento los dio por buenos y nunca presentó ninguna reclamación. En ese mismo escrito, solicita que se imponga una fianza a Más Madrid para ejercer la acusación. EFE