La periodista Isabel Gallego, ex directora de comunicación de la Comunidad de Madrid en los Gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, ha calificado de “injusto, parcial y discriminatorio” intentar pivotar sobre ella la financiación irregular del PP.
Lo ha hecho en un recurso de apelación, al que ha tenido acceso Estrella Digital, para defenderse del auto del pasado 14 de octubre que la deja a un paso del banquillo de los acusados en la pieza del caso Púnica que investiga la financiación irregular del PP.
En su recurso, Gallego se opone a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de procesarla a ella y a otras siete personas mientras se exonera a otros 71 investigados en la causa, como los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, subrayando el “trato desigual” que el juez y los fiscales han dado a los investigados en función de sus posiciones políticas o sociales y el rol de cada uno.
Y es que la defensa de Isabel Gallego no entiende que el juez haya hecho pivotar uno de las piezas más importantes de la causa, la de la financiación irregular, sobre ella cuando sus superiores tenían «responsabilidad y supervisión de su gestión«, así como un «conocimiento cabal de su labor«. Gallego nunca fue militante del PP ni ocupó cargo orgánico dentro del partido, mientras se archiva el proceso a importantes dirigentes del PP madrileño.
El procesamiento de Isabel Gallego se basa en un contrato de 54.000 euros para mejorar la reputación y la imagen de Aguirre y González, que el juez entiende que forma parte de la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. El contrato se firmó con la empresa Eico Online Management Reputation, propiedad de otro de los procesados, Alejandro de Pedro Llorca.
«El encargo de Isabel Gallego para que llegase a trabajar con Alejandro de Pedro, en tanto que fue directora general de Medios de la Comunidad Autónoma de Madrid, fue solicitado al Consejo de Gobierno a través de distintas personalidades de la comunidad», señala en su recurso de 14 páginas. «No puede tenerse por bueno que se le achaque a la Dirección General de Medios aquello que Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Lucía Figar, Salvador Victoria, Borja Sarasola u otros convinieran, caso de que lo hicieran, con Alejandro de Pedro. Legal o ilegal«.
Gallego recuerda que en aquel momento «la encargada de la Secretaría de Comunicación era Lucía Figar y la de las redes sociales, Isabel Díaz Ayuso«, por lo que en ningún caso gestionaba ella «aquellos menesteres».
Según señala Isabel Gallego, su procesamiento únicamente se apoya en que desde la Dirección General de Medios pagaron facturas por valor de 54.293,48 euros entre 2012 y 2014, pero todas ellas se basaron en los trabajos «que se hicieron para los presidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González», quienes han sido exonerados. «No hay prueba o indicio alguno que permita afirmar que Isabel Gallego, a través de fondos de la Comunidad Autónoma de Madrid, consintió que se liquidara cualquier tipo de trabajo o deuda a Alejandro de Pedro que satisficiera algo distinto de lo que se le había encargado por la Dirección General de Medios», denuncia. «Fuese este encargo legal o ilegal«, reitera.
El argumento de Gallego es claro: en primer lugar, los trabajos de reputación se hicieron y «no consta que se pagase nada distinto de las facturas relativas a ese contrato, sino que, al contrario, se dejó a deber más de 10.000 euros». Gallego cuestiona, por tanto, que se archive la causa «para los dos expresidentes» y, al mismo tiempo, se considere «que hay indicios de malversación», pues «ambos eran y son perfectamente conocedores de las noticias que se publican» y «era de su interés como presidentes que su imagen institucional se mejorase».
Con este argumento, para Gallego «falta el razonamiento expresado por el juez que permita comprender por qué sí ha de ser delito la publicidad llevada a cabo por la Dirección General de Medios acerca de los presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid, ni por qué estos eran ajenos a la cuestión y la periodista que lo gestionaba debe ser enjuiciada». «Por qué lo que para unos es lícito, para Isabel Gallego es delictivo«, se pregunta.
Además de la periodista, el magistrado ha procesado a Alejandro de Pedro y los ex altos cargos del PP Borja Sarasola, Beltrán Gutiérrez y Fransciso Granados, además de Diego Mora, Francisco Lobo, José Martínez Nicolás y las empresas EICO y Madiva