La mayoría de funcionarios de la administración de Justicia que han participado en la votación abierta este martes por el comité de huelga han apoyado mantener el parón indefinido que comenzaron el pasado 17 de abril reclamando una subida salarial de hasta 430 euros mensuales, a pesar de que las negociaciones están paralizadas con el Ministerio de Justicia.
El comité de huelga planteaba varias opciones, continuar con la huelga, evaluando a diario la situación del conflicto y el impacto del periodo de vacaciones, o aplazarla, manteniendo sus reivindicaciones e intensificando las medidas de presión hasta la constitución de un nuevo Gobierno tras las elecciones del 23 de julio.
Los sindicatos convocantes decidieron someter la decisión a votación en las asambleas después del fracaso de la última reunión de la mesa de negociaciones. A través de un comunicado, el comité de huelga ha anunciado que habrá una nueva manifestación en Madrid durante la última semana de junio y otra en plena campaña electoral.
La consulta se produce justo una semana después de la última reunión del comité de huelga con representantes del Ministerio de Justicia, que desembocó en un encierro de cinco sindicalistas en la sede del departamento que dirige Pilar Llop para forzar el diálogo, roto desde entonces.
El comité de huelga permaneció durante tres días en el Ministerio después de que, según denunciaron, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, abandonara la mesa de negociación de forma «abrupta» y «unilateral».
Más de 40.000 funcionarios de la administración de Justicia están convocados a la huelga desde el 17 de abril, fecha en la que comenzaron los paros parciales. Días más tarde, el 22 de mayo, las protestas se intensificaron con un paro indefinido como medida de presión sobre Justicia.
Tras el adelanto electoral al próximo 23 de julio, los sindicatos decidieron que mantendrían la convocatoria, asegurando que el Gobierno sigue «en plenas facultades» y puede firmar pactos que no requieran su tramitación parlamentaria, como los de jueces, fiscales y letrados judiciales.
Los funcionarios reclaman una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la negociación de cualquier nueva ley que plantee «modificaciones que afecten a las condiciones de trabajo».
Esto, argumentan, era lo que ocurría con la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), cuya negociación es una de las reivindicaciones de los huelguistas, pero que se encuentra paralizada por la disolución de las Cortes Generales.
Funcionarios de Justicia se encierran en el Ministerio tras fracasar la negociación salarial