En un contexto político delicado, el presidente Gustavo Petro ha presentado la terna de candidatos para el cargo de Fiscal General de Colombia. Este acto no podría haber llegado en un momento más controvertido, dadas las circunstancias judiciales que involucran al hijo del presidente, Nicolás Petro, que culminaron con su detención, y decisión de éste último de colaborar con la justicia, al ser imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos; que puede incluso afectar a la pasada campaña electoral en la que fue elegido como presidente Gustavo Petro.
La Corte Suprema de Justicia, encargada de tomar la decisión final, se encuentra en una posición delicada. Aunque ya en el pasado la Corte devolvió la terna de fiscales a anteriores presidentes de la República de Colombia, por razones, únicamente, éticas, ahora el escenario parece aún más cuestionable éticamente, lo que podría llevar a la misma respuesta.
A pesar de este complicado entorno, cabe destacar las tres candidatas seleccionadas por el presidente Petro; todas ellas mujeres, de indiscutible calibre y mérito:
- Ángela María Buitrago Ruiz: Abogada de la Universidad Externado de Colombia, con una destacada carrera académica y profesional. Ha sido subsecretaria de la Comisión del Código Penal Tipo para Iberoamérica y Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Su compromiso con la justicia penal es ejemplar.
- Amparo Cerón Ojeda: Nacida en Iza, Boyacá, es una figura respetada y valiente. Su trabajo en las investigaciones de los escándalos de Odebrecht en Colombia la puso en el centro de la atención pública. Es una defensora apasionada de los derechos humanos, fortalecida por su formación en Administración Pública y Derechos Humanos.
- Amelia Pérez Parra: Reconocida por su valentía en la persecución de figuras paramilitares por crímenes de lesa humanidad, su compromiso con la justicia la llevó incluso al exilio en Canadá. Su carrera es un testamento a su coraje y dedicación a la causa de la justicia.
Sin embargo, la sombra de la situación personal del presidente puede empañar el proceso y poner en tela de juicio la idoneidad del momento para esta selección.
La responsabilidad ahora recae en la Corte Suprema de Justicia, que debe sopesar la calidad innegable de estas candidatas contra el entorno político y ético en el que se presentan; pues no parece el momento más ético para que el presidente designe la terna de candidatos/as para elegir al nuevo Fiscal General del Estado.