La extenista catalana Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, se encuentran en medio de un juicio en la Audiencia de Barcelona que podría tener un impacto significativo en su futuro. Ambos enfrentan acusaciones de haber ocultado más de siete millones de euros, un delito de alzamiento de bienes que podría resultar en penas de prisión de hasta cuatro años. Además, cinco presuntos cómplices enfrentan penas de hasta tres años y seis meses, según lo solicitado por la Fiscalía.
Arantxa Sánchez Vicario puede ingresar en prisión
Los eventos que llevaron a este juicio se remontan a 2010, cuando Arantxa Sánchez Vicario contrajo una deuda de más de siete millones de euros con el Banco de Luxemburgo. Este banco había pagado previamente 5.247.000 euros al Banc Sabadell para saldar la deuda de la extenista con la Hacienda española. A pesar de que Luxemburgo no es considerado un paraíso fiscal, su alto nivel de secreto financiero lo hizo atractivo para este tipo de transacciones. El Banco de Luxemburgo notificó en varias ocasiones a Sánchez Vicario que debía reembolsar este pago, pero su falta de acción llevó al banco a presentar una demanda en 2011.
Ante la falta de pago, Sánchez Vicario y Santacana presuntamente elaboraron un plan para deshacerse de su patrimonio y evitar el embargo de más de siete millones de euros. Este plan involucró el vaciamiento de cuentas bancarias, la desaparición de ingresos de procedimientos judiciales y la venta de propiedades inmobiliarias a través de sociedades.
La Fiscalía ha delineado un plan de cuatro etapas en el que Arantxa Sánchez Vicario, bajo la dirección de su esposo y en colaboración con otros acusados, supuestamente redujo su patrimonio para evitar el embargo. En primer lugar, vaciaron seis cuentas corrientes de la extenista en cuatro bancos españoles. Luego, en 2015, Sánchez Vicario habría hecho desaparecer ingresos obtenidos de procedimientos judiciales. También se alega que entre 2010 y 2012, ocultó ingresos provenientes de su participación en revistas y los derechos de autor de su libro.
En el juicio, Arantxa Sánchez Vicario ha declarado que su entonces esposo, Josep Santacana, fue el responsable de gestionar su patrimonio desde 2009. En respuesta, la defensa de Santacana ha cuestionado la credibilidad de esta afirmación y ha argumentado que es poco creíble que Sánchez Vicario no supiera nada sobre la venta de sus propiedades y activos. Además, se ha hecho referencia a cartas en las que la extenista supuestamente no culpaba a Santacana por la situación.
El juicio continúa, y se espera que arroje luz sobre este complejo caso financiero que ha mantenido a España y Luxemburgo en una disputa de más de una década.