Carles Puigdemont, el expresident de la Generalitat de Cataluña, ha llevado a cabo una petición formal al Tribunal Supremo requiriendo la recusación del magistrado Pablo Llarena, quien actualmente está asignado a la investigación del presunto delito de desobediencia y malversación en su contra. Puigdemont argumenta que las expresiones del juez, realizadas el 11 de septiembre, en relación a la «constitucionalidad» de una posible ley de amnistía al ‘procés’, han comprometido su capacidad para mantener la imparcialidad.
En un documento legal, la defensa del líder separatista subraya la «absoluta falta de imparcialidad», un argumento ya presentado antes contra el magistrado. Según el relato del equipo jurídico de Puigdemont, liderado por Gonzalo Boye, Llarena habría expresado dudas sobre la constitucionalidad de una posible ley de amnistía, la cual no ha sido aún propuesta, evidenciando un «posicionamiento apriorístico».
La defensa de Puigdemont señala que el magistrado, al pronunciarse sobre la «constitucionalidad» de una legislación inexistente, ha revelado prejuicios, socavando así la neutralidad requerida para su posición. Además, critican que Llarena haya mencionado la necesidad de «mirar si la posible ley (de amnistía) es legítima o si se justifica», argumentando que tal actitud implica una falta de imparcialidad evidente.
Puigdemont, en su escrito, ha cuestionado el alcance de la función jurisdiccional del magistrado, cuestionando el juicio anticipado de Llarena sobre la legitimidad de potenciales normas emanadas del Poder Legislativo. El expresident catalán ha declarado: «Desconocemos desde cuándo la función jurisdiccional pasa por la evaluación de la legitimidad de las normas que emanan del Poder Legislativo», destacando la percepción de una evidente predisposición del magistrado.
Este no es el primer encuentro contencioso entre Puigdemont y Llarena. Previamente, el líder independentista ha recurrido decisiones del magistrado y ha solicitado su recusación, argumentando la influencia de su posición de eurodiputado en las decisiones judiciales.
En un contexto más amplio, Puigdemont ya había solicitado la recusación de Llarena en enero, al ser procesado por desobediencia y malversación, exigiendo la anulación de todas las decisiones vinculadas a su estatus de eurodiputado y solicitando que el caso fuese remitido a un juzgado de instrucción de Barcelona.
Asimismo, Puigdemont alega que Llarena ha obviado jurisprudencia existente, creando circunstancias ‘ad hoc’ para los eurodiputados independentistas catalanes y ha señalado situaciones contrastantes, en las que otros líderes políticos, aun con procesamientos, han sido liberados tras ser electos como representantes legislativos.
Llarena confirma el procesamiento de Puigdemont por malversación y desobediencia