La Fiscalía Antidroga ha instado al tribunal de la Audiencia Nacional que está juzgando a ‘los charlines‘ a emitir un veredicto condenatorio contra ellos, sosteniendo que el patrimonio familiar «procede del tráfico de drogas» y que el clan se enriqueció de manera ilícita a través del lavado de dinero.
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Durante su exposición del informe final, el representante del Ministerio Público afirmó que en el juicio se ha demostrado la relación de la familia Charlín con el narcotráfico. La Fiscalía ha ajustado ligeramente sus conclusiones, solicitando demoras indebidas en un caso y agravantes para otros acusados.
En su petición inicial, Antidroga pidió penas de prisión que oscilan entre 5 y 6 años para cada uno de los acusados, incluyendo hijos y nietos del patriarca de la familia (ya fallecido), así como multas que varían entre los 10 y 12 millones de euros para cada uno de ellos.
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El fiscal señaló: «En este caso, estamos hablando de varios millones de euros, la mayoría en efectivo, prácticas comerciales inusuales, falta de documentación, sociedades offshore en paraísos fiscales, cuentas en China… ¿han justificado de alguna manera que un solo céntimo del patrimonio de la familia Charlín tenga origen lícito? Absolutamente nada».
A lo largo del informe, se describen las supuestas prácticas empleadas por la familia para blanquear dinero de origen ilícito, como la subasta de una planta depuradora de mariscos y terrenos adyacentes, así como la inversión en una planta de elaboración y transformación de productos marinos en la ciudad china de Qingdao. Según el fiscal, también se ha demostrado que ‘los charlines’ constituían una organización criminal que utilizaba medios idóneos, sociedades interpuestas, procedimientos judiciales fraudulentos, cuentas bancarias en el extranjero, y más, en una actividad persistente y duradera.
La Fiscalía sostiene que los acusados se enriquecieron a través de la venta de sustancias estupefacientes y crearon una red de personas y sociedades para ocultar el patrimonio ilícitamente obtenido. A pesar de cumplir penas de prisión, Manuel Charlín Gama, el líder del clan, tenía la última palabra en cuestiones relacionadas con ciertos activos y destinos.
El Ministerio Público ha solicitado el decomiso definitivo de todos los elementos patrimoniales utilizados para el lavado de dinero del narcotráfico en favor del Estado, incluyendo una planta depuradora de mariscos en la Isla de Arosa (Pontevedra), propiedades en Vilanova de Arousa, fondos bloqueados en Suiza y las sumas equivalentes a las inversiones en China, que ascienden a cerca de 2 millones de euros.