La Audiencia Nacional avanza en la investigación sobre la causa Tsunami Democràtic, enfocando su atención en figuras clave del movimiento independentista catalán. El juez Manuel García-Castellón ha dirigido la investigación hacia el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y ha citado como investigada a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, junto a otras diez personas.
La citación ocurre en medio de negociaciones delicadas entre el PSOE y Junts sobre la amnistía que podría beneficiar a líderes del movimiento independentista, incluidos Puigdemont y Rovira, ambos actualmente fuera de España huidos de la justicia española. Puigdemont se trasladó a Bélgica tras el referéndum ilegal de independencia de 2017, y Rovira se fue a Ginebra en 2018. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha expresado su intención de recurrir el auto del juez, desafiando la tipificación de los hechos investigados como «terrorismo».
El juez García-Castellón considera que hay evidencia suficiente para implicar a Puigdemont en un «rol de liderazgo» dentro de la causa, basándose en su asistencia a reuniones en Ginebra donde se habrían planificado acciones de Tsunami Democràtic. Este movimiento emergió tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a líderes del ‘procés’ independentista y se caracterizó por acciones de protesta masiva, como el corte de accesos al aeropuerto de El Prat.
Los detalles de la investigación señalan a Rovira como una figura central, «con mucha probabilidad» detrás del seudónimo ‘Matagalls’ en la aplicación de mensajería cifrada ‘Threema’, y se le atribuyen conocimientos previos sobre ciertas acciones de la plataforma. La Guardia Civil ha vinculado también a otras personas con el movimiento, incluido el jefe de oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el empresario Oriol Soler, quienes habrían tenido roles significativos en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre.
La resolución judicial ofrece a Puigdemont la opción de declarar voluntariamente antes de proceder con un suplicatorio, un requisito necesario dado su estatus como eurodiputado. Algo similar aplica a Ruben Wagensberg, secretario cuarto de la Mesa del Parlament y diputado de ERC, también aforado.
La implicación de estas figuras políticas en actividades consideradas por el juez como potencialmente constitutivas de «actos de terrorismo» ha provocado una fuerte reacción política. ERC y otras formaciones independentistas han interpretado las acciones judiciales como una respuesta directa a sus esfuerzos por negociar una amnistía, percibiéndolas como un ataque a la democracia y un intento de entorpecer el proceso político.
La investigación ha revelado que Tsunami Democràtic no surgió espontáneamente, sino como resultado de una estrategia planificada para protestar contra la sentencia del ‘procés’. Se le considera una herramienta para desestabilizar y ejercer presión política a través de la movilización social, con acciones diseñadas para afectar la estabilidad económica y social de España.
Este escenario ha avivado el debate sobre la naturaleza de las protestas y las acciones de los líderes independentistas. Mientras algunos sectores las consideran ejercicios legítimos de protesta y libertad de expresión, otros ven en ellas un intento de subvertir el orden constitucional y desestabilizar el estado.
La cobertura mediática y las discusiones políticas continúan mientras los implicados en la investigación, y aquellos en el exilio, enfrentan la posibilidad de retornar a España bajo circunstancias legales inciertas. Con la posible amnistía en juego y la fiscalía desafiando la calificación de los hechos como terrorismo, el país sigue inmerso en una tensa situación política y judicial.