El Tribunal Constitucional ha respaldado el impuesto a las grandes fortunas, el cual grava el patrimonio neto de personas físicas con un valor superior a los 3 millones de euros, al rechazar el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Fuentes del tribunal han informado que la mayoría del Pleno aprobó la ponencia redactada por la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, con 7 votos a favor.
La ponencia sostiene que la creación de este impuesto no supone una invasión de las competencias autonómicas en materia fiscal por parte del Estado. Además, destaca que las facultades autonómicas no pueden interpretarse de manera que neutralicen las competencias estatales.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid argumentaba que este nuevo tributo podría vulnerar principios como la seguridad jurídica, la capacidad económica, la no confiscatoriedad, y la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha desestimado estos argumentos al considerar que no se produjo ningún fraude en la tramitación parlamentaria ni ninguna de las vulneraciones alegadas.
El 1 de julio arranca el plazo para pagar el impuesto a las grandes fortunas
Además de Madrid, los gobiernos de las regiones de Andalucía, Galicia y Murcia, todos gobernados por el Partido Popular, también impugnaron este impuesto. Tanto el Gobierno madrileño como la Junta andaluza solicitaron la suspensión cautelar de la aplicación del tributo, pero esta solicitud fue denegada por el Tribunal Constitucional.
La decisión del Tribunal Constitucional se produce 10 meses después de que el Senado aprobara el impuesto. Esta medida fue incluida a través de una enmienda en el Congreso por el PSOE y Unidas Podemos en una proposición de ley que introducía nuevos gravámenes temporales para empresas energéticas y bancos.