La Asociación de Fiscales (AF), que representa a una parte significativa de la carrera fiscal en España, ha pedido la dimisión de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado.
Esta demanda se basa en lo que perciben como su falta de acción en la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal. Este llamamiento se produce en el contexto de un debate sobre la propuesta de amnistía y el concepto de ‘lawfare’ (guerra judicial), que se entiende como parte del pacto entre el PSOE y Junts.
La AF ha expresado su firme oposición a la amnistía, argumentando que su aprobación representaría una ruptura del Estado de Derecho y un incumplimiento de los compromisos de España con la Unión Europea. Además, han reafirmado su compromiso con el Estado de Derecho y la Constitución española, y han reconocido a los servidores públicos que defienden estos principios.
En cuanto a García Ortiz, su posición parece ser más cautelosa. En su intervención en el Congreso de la Asociación de Fiscales, indicó que cualquier postura del Ministerio Fiscal respecto a la ley de amnistía anunciada por el actual Gobierno en funciones, requeriría conocer su contenido exacto. También aseguró que velará por la independencia de los tribunales.
El Congreso también fue una ocasión para reconocer a varias figuras destacadas por su defensa del Estado de Derecho, especialmente en relación con el «procés». Se entregaron premios a Concepción Talón, José Manuel Maza Martín y al juez Pablo Llarena por sus respectivas contribuciones.
Esta situación pone de manifiesto las tensiones y desafíos en la intersección de la política, la ley y la justicia en España, especialmente en el contexto de temas sensibles como la independencia de Cataluña y el papel de la justicia en la política y la división de poderes.
Jueces Decanos de España alertan sobre los riesgos de ‘lawfare o judicialización de la política’