El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en una reunión este jueves, ha emitido un veredicto sin precedentes en la democracia española. Con una votación ajustada de ocho a siete y una abstención, el Consejo ha decidido que Álvaro García Ortiz no cumple con los requisitos necesarios para continuar como fiscal general del Estado. Esta es la primera ocasión en la que el CGPJ se posiciona en contra de un candidato propuesto por el Gobierno, aunque su conclusión no tiene carácter vinculante.
Esta decisión se produce en un contexto donde el CGPJ evalúa la idoneidad del candidato a fiscal general del Estado, un proceso en el que se considera el prestigio y al menos 15 años de ejercicio profesional del jurista. Recientemente, el nuevo Ejecutivo ha expresado su respaldo a García Ortiz para liderar la Fiscalía General del Estado hasta 2027, a pesar de las críticas internas y un fallo del Tribunal Supremo que le acusa de «desviación de poder» por promover a su predecesora, Dolores Delgado, a la categoría más alta de la carrera fiscal.
La votación en el CGPJ, que cuenta con 16 vocales divididos entre conservadores y progresistas, refleja una profunda división. Enrique Lucas, un vocal usualmente alineado con el bloque progresista, se abstuvo debido a un conflicto de intereses familiar relacionado con una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
Este episodio marca un cambio significativo en la postura del CGPJ, que hasta ahora había respaldado a los candidatos gubernamentales, incluso con oposición interna. En julio de 2022, el Consejo apoyó a García Ortiz con 12 votos a favor y siete en contra, una votación que replicó el apoyo previo a Delgado. Sin embargo, esta vez, García Ortiz no ha logrado el respaldo del Consejo.
García Ortiz, designado para el cargo el 19 de julio de 2022 tras la dimisión de Delgado, ha enfrentado críticas desde su nombramiento, tanto por su relación con Delgado como por su política de nombramientos discrecionales. Las asociaciones mayoritarias en la carrera fiscal han expresado su descontento, acusándolo de favorecer a los candidatos de la Unión Progresista de Fiscales.
Anulan el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala por desviación de poder