Un grupo de 21 fiscales de alto rango del Tribunal Supremo han solicitado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la implementación de «medidas y acciones legales pertinentes» en respuesta a los recientes «insultos, amenazas y falsas acusaciones» vertidos por Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, contra jueces, agentes y periodistas.
En el escrito firmado por los 21 fiscales, se denuncia que las declaraciones de Nogueras constituyen «un ataque injustificable contra la independencia judicial y contra la separación de poderes como principio vertebrador de una sociedad democrática».
La controversia se intensificó tras las afirmaciones de Nogueras en el debate parlamentario para la creación de una comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña. En este contexto, la diputada de Junts criticó duramente a varios jueces, incluyendo a Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carmen Lamela, el ex presidente del CGPJ Carlos Lesmes y la magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel, calificándolos de «indecentes» y sugiriendo que deberían ser «cesados y juzgados».
Esta situación ha llevado al actual presidente del Poder Judicial, Vicente Guilarte, a anunciar medidas en respuesta a las acusaciones. Además, se ha generado un debate en torno a la legalidad de las comisiones de investigación, solicitada por los vocales conservadores del CGPJ.
Los fiscales instan a García Ortiz a actuar con celeridad en defensa de la legalidad y la independencia judicial, citando el mandato constitucional del Ministerio Fiscal de promover la justicia y proteger los derechos ciudadanos, así como la independencia de los tribunales.
Este llamamiento se suma a declaraciones recientes del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien aseguró que el Gobierno defenderá a jueces y fiscales ante cualquier cuestionamiento. También se refiere a una carta previa de 18 fiscales criticando al fiscal general por ignorar solicitudes de amparo frente a investigaciones parlamentarias.
Esta situación pone de manifiesto la creciente tensión entre diferentes sectores de la justicia y la política en España, en un contexto marcado por debates sobre la independencia judicial y la lucha contra la corrupción.