El fiscal Álvaro Redondo del Tribunal Supremo ha compartido su análisis jurídico sobre las investigaciones contra Carles Puigdemont, indicando una ausencia de elementos que vinculen al político con delitos de terrorismo. Este punto de vista se alinea con la evaluación previa de Miguel Ángel Carballo, fiscal de la Audiencia Nacional, quien había impugnado las acciones del juez instructor por falta de evidencia suficiente para sostener acusaciones de esta naturaleza contra Puigdemont.
El informe de Redondo, que aún debe ser revisado por la junta de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo, sugiere que, aunque no se justifican las acusaciones de terrorismo, sí existen motivos para investigar a Puigdemont por posibles «desórdenes públicos agravados y daños«. Esta perspectiva abre la puerta a una nueva fase de procedimientos legales, enfocándose en delitos de índole menos grave pero con posibles implicaciones significativas.
La consonancia entre los fiscales Redondo y Carballo subraya un giro notable en la interpretación legal de las acciones atribuidas a Puigdemont, alejándose de la categorización de terrorismo para situarse en un marco de alteración del orden público. Esta redefinición de los cargos podría influir de manera considerable en la estrategia en la defensa de Puigdemont y en la percepción pública de su caso.
Aunque el informe de Redondo es un paso crucial en el proceso, su carácter no definitivo pone de relieve la dinámica fluida de la justicia, pendiente de la evaluación y decisión final de la junta de fiscales del Tribunal Supremo. Con esta próxima revisión, se espera claridad sobre la dirección futura de las acciones legales contra Puigdemont, manteniendo la atención de observadores nacionales e internacionales en este caso de alto perfil.