El Tribunal Supremo (TS) ha respaldado iniciar un proceso de investigación contra Carles Puigdemont, ex president de Cataluña, bajo la acusación de terrorismo en relación con su supuesta participación en los altercados organizados por Tsunami Democràtic durante el otoño de 2019. Estos disturbios se produjeron como respuesta a la sentencia del ‘procès‘.
La junta de fiscales de lo penal del Tribunal Supremo ha tomado esta decisión, en contraste con la posición del fiscal del caso, Álvaro Redondo, quien había concluido que no existían pruebas suficientes para imputar a Puigdemont, negando así que los sucesos investigados configuraran un acto de terrorismo.
En una extensa reunión, la opinión mayoritaria de los fiscales de lo penal del Tribunal Supremo prevaleció sobre la de Redondo, quien había sugerido no proceder contra Puigdemont, al tiempo que rechazaba la consideración de los hechos como terrorismo.
Del total de quince fiscales que participaron, once estuvieron a favor de investigar a Puigdemont y a Ruben Wagensberg, diputado del Parlament actualmente en Suiza, ambos protegidos por aforamiento, mientras cuatro se opusieron. Con una mayoría aún mayor, doce votos a favor frente a tres en contra, concluyeron que los actos podrían constituir un delito de terrorismo. La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, será la encargada de redactar el nuevo informe.
La solicitud de investigación, formulada por el juez Manuel García Castellón, abarca a Puigdemont, Wagensberg, y a Marta Rovira, secretaria general de ERC, entre otros, por presuntos delitos de terrorismo, según un documento de más de 100 páginas. García Castellón había enviado esta solicitud al Tribunal Supremo, contradiciendo la evaluación inicial de Redondo que negaba la existencia de «indicios racionales de criminalidad».
Redondo había argumentado que los indicios presentados por García Castellón, incluyendo conversaciones y reuniones vinculadas a Tsunami Democràtic, eran insuficientes para una acusación de terrorismo. Afirmó que para tal acusación, se requiere la comisión de un delito grave con el objetivo de alterar gravemente la paz pública, criterio que no consideraba cumplido en este caso.
La discrepancia entre la interpretación de los hechos como actos de terrorismo ha generado controversia desde el inicio de las investigaciones. Mientras García Castellón defendía esta tesis, otros, como el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, la rebatían, considerando los hechos como desórdenes públicos agravados, postura a la que finalmente se sumó Redondo, destacando la presencia de opiniones contradictorias.
Redondo, en un comunicado en el que negaba haber sido presionado por la Fiscalía General del Estado, explicó que el informe inicial era un borrador de trabajo sin valor procesal, elaborado tras recibir la exposición de García Castellón.
La reacción del Gobierno ante esta decisión de la junta de fiscales del Tribunal Supremo ha sido la del respeto, subrayando la importancia del debate jurídico en el proceso. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, expresó en rueda de prensa el respeto del ejecutivo hacia las decisiones y procedimientos del Ministerio Fiscal.
El fiscal del Tribunal Supremo descarta terrorismo en la investigación sobre Puigdemont