El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla ha decidido continuar con el procedimiento abreviado contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera (PSOE), y otras 20 personas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Esta investigación se centra en presuntas irregularidades en ayudas que superan los 35 millones de euros otorgadas por la Junta a empresas del Grupo Ruiz-Mateos.
Exdirector de Trabajo de la Junta condenado a dos años de prisión por el caso Industrias Elizana
En un auto notificado este jueves, el magistrado aprecia posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. De esta manera, se continúa el proceso contra un total de 21 investigados, incluyendo a Daniel Alberto Rivera, Álvaro, Francisco Javier y Alfonso Ruiz-Mateos, hijos del empresario José María Ruiz-Mateos; cinco «intrusos» y tres responsables de las mediadoras Vitalia y Uniter.
El juez también ha sobreseído provisionalmente la causa respecto a otros 16 investigados, entre ellos los hijos de Ruiz Mateos José María, Pablo y Zoilo, así como el ex delegado socialista de Empleo de la Junta en Cádiz, Juan Manuel Bouza. Se considera que no existen indicios sólidos para atribuirles responsabilidad penal en los hechos investigados.
En relación a anteriores responsables de la Junta implicados en el caso de los ERE, como Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Márquez, Francisco Javier Guerrero (fallecido) y Jacinto Cañete, el juez ha determinado que ya han sido encausados en otro procedimiento. Algunos de ellos cumplen condena de cárcel por su participación en el «procedimiento específico» de los ERE.
Para el magistrado, Daniel Alberto Rivera habría concedido y realizado pagos de ayudas y subvenciones de manera injusta y arbitraria durante su mandato como director general de Trabajo. Este proceso continúa, a pesar de que Rivera haya iniciado años más tarde un procedimiento para detectar la inclusión indebida de beneficiarios irregulares en las pólizas de ayuda.
La defensa de Rivera ha argumentado que esta actuación revisora no exime de responsabilidad penal al investigado por su participación en los hechos delictivos. El proceso sigue su curso con el exdirector de Trabajo y otras personas investigadas, en un caso que sigue generando polémica y atención mediática.