jueves, noviembre 21, 2024
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La Audiencia Nacional confirma el archivo de la pieza 10 del caso Púnica para varios exalcaldes investigados

La Sala de lo Penal ha ratificado el archivo para 40 investigados, entre ellos varios exalcaldes, por la contratación de trabajos de reputación online de cargos del PP

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Ángela Merino
Ángela Merino
Periodista y comunicadora. | [email protected]

La Audiencia Nacional ha ratificado el archivo de la pieza 10 del caso Púnica que desde 2014 investigaba a 40 personas, entre ellos a varios exalcaldes. En los últimos 10 años se ha investigado la contratación de trabajos de reputación online de cargos del Partido Popular a las empresas EICO y Madiva de Alejandro de Pedro.

Los recursos de la Fiscalía Anticorrupción se resuelven en un auto y los de ADADE y PSOE, por otro. Ambos autos confirman la decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, que ya en octubre del año pasado «concluyó que no se apreciaba la existencia de un concierto entre los investigados para desarrollar, a través de la contratación pública, una trama defraudatoria por los delitos investigados de falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, entre otros«.

Por tanto, al rechazar los recursos se avala el archivo para los 40 investigados, entre los que se encuentran varios excaldes, como Alfonso Bataller, de Castellón; María Kringe Sánchez, de Denia; Raúl López Vaquero, de Coslada; José Carlos Boda, de Valdemoro y Narciso de Foxá Alfaro, de Majadahonda, además de otros cargos públicos.

El magistrado García Castellón ya afirmó que la línea divisoria de los contratos de publicidad institucional y buena reputación política y personal de los cargos públicos es tenue, imprecia y confusa. Por eso, es muy difícil distinguir entre las infracciones penales y las éticas. Para tomar esta decisión se apoyan también en otras resoluciones que coinciden con investigaciones de reputación online y que también han terminado archivadas.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluye que del caudal indiciario aportado «se hace difícil en las circunstancias actuales viabilizar la prosecución del procedimiento a los fines de la formalización de la pretensión penal del lado de las acusaciones personadas».

García Castellón también concluyó que es «extraordinariamente difícil, sino imposible» distinguir entre la promoción institucional de una persona por el cargo que ocupa y su prestigio político a la hora de realizar campañas online.

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