Los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que intervinieron en el juicio del procés, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, han enviado al Fiscal General del Estado un informe en el que se niegan a aplicar la ley de amnistía por el delito de malversación. Sostienen que amnistiarlo sería «improcedente y contrario a las leyes».
Después de la publicación en el BOE de la ley de amnistía esta misma semana, empizan a llegar las primeras solicitudes de amnistía y también las respuestas del sector jurídico. Los cuatro fiscales que participaron en el juicio del procés le han hecho llegar un «informe procesal» y «no genérico» a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, en el que se muestran contrarios a amnistiar el delito de malversación.
El delito de malversación actualmente pesa sobre los fugados Carles Puigdemont, Lluis Puig y Toni Comin, además de los condenados Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva.
La ley de amnistía contempla algunas excepciones y a eso se acogen los cuatro fiscales del Supremo, que defienden que «sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia. Y esos fondos no han sido restituidos».
Si García Ortiz no acepta los argumentos de los cuatro fiscales, deberá «ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada». Será entonces cuando eleven el asunto a la Junta de Fiscales, que deberá decantarse por una de las dos posturas, aunque el fiscal general tiene el poder de imponer su decisión.
Finalmente, si García Ortiz decide amnistiar la malversación, será él único que firme ese decreto, porque ellos se han negado a hacerlo. «Será necesario dictar un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa para ser despachada por él mismo o quien designe a tales efectos», recuerdan los fiscales en relación a las fiscales de García Ortiz.
También defienden que el delito de malversación es «improcedente» porque afecto a los intereses económicos de la Unión Europea. Sí ven viable aplicar la ley a los delitos de desobediencia o desórdenes públicos, pero son partidarios de mantener las órdenes de detención que pesan sobre los fugados por el delito de malversación.