El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del ‘procés’ que soliciten la aplicación de la ley de amnistía a todos los delitos, incluyendo el delito de malversación, a los líderes independentistas catalanes.
La instrucción va dirigida a los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, quienes esta semana enviaron un documento a García Ortiz advirtiendo que no se debería amnistiar el delito de malversación a los condenados y prófugos, calificandolo de «improcedente y contraria a las leyes». Además, insinuaron que podrían apartarse del caso si el Fiscal General insistía en perdonar la malversación.
García Ortiz considera que los fiscales confunden el «ánimo de lucro» requerido para el delito de malversación con el «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» que la ley de amnistía no permite amnistiar. Según el Fiscal General, el perjuicio patrimonial para la Administración derivado de la malversación no es equivalente al «enriquecimiento personal de carácter patrimonial» y no afecta directamente los intereses financieros de la Unión Europea.
Además, García Ortiz destaca que los fiscales del Supremo han manifestado su discrepancia con la postura de la Fiscalía General (artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) sin conocer previamente el contenido de la orden o instrucción ni los argumentos en los que se fundamenta. Los cuatro fiscales deberán responder por escrito si acatan la orden del Fiscal General o invocan el artículo 27, lo que llevaría a la celebración de la Junta de Fiscales de Sala el próximo martes.
En su informe, los cuatro fiscales del Tribunal Supremo expresaron su oposición a la amnistía del delito de malversación, argumentando que los acusados sí tuvieron ánimo de lucro y que sus acciones afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. Advirtieron a García Ortiz que si no compartía su criterio y decidía aplicar la ley de amnistía a estos encausados, debería «ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada». Los fiscales adelantaron que invocarían el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que la Junta de Fiscales se pronunciara sobre ambas posturas.
Cabe mencionar que el Fiscal General tiene la autoridad para hacer prevalecer su criterio después de escuchar al cónclave, tal como establece el Estatuto. Sin embargo, los fiscales del ‘procés’ subrayaron que si García Ortiz, tras la Junta de Fiscales, insiste en aplicar la amnistía, ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio Fiscal General u otro fiscal designado por él.
Aunque los fiscales del ‘procés’ consideran inviable amnistiar la malversación, sí ven factible aplicar la norma a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos relacionados con el proceso independentista catalán.