La Junta de Fiscales, que ha estado reunida hoy durante más de cinco horas, ha avalado la posición de Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, para amnistiar el delito de malversación. Pese a que finalmente se haya impuesto esta postura, la reunión ha estado muy dividida.
19 fiscales han votado a favor de amnistar la malversación y 17 lo han hecho en contra, con una sola abstención. Los 37 fiscales presentes en la reunión han debatido, con un carácter muy técnico, sobre los tipos de malversación que existen y si es procedente que forme parte de la ley de amnistía.
Los asistentes han debatido durante más de cinco horas hasta celebrar la votación final, que no es vinculante. El Fiscal General del Estado considera que todo lo ocurrido durante el procés no afectó de manera directa a los intereses financieros de la Unión Europea y, por tanto, no se ha producido un enriquecimiento personal de carácter patrimonial, que la ley considera que no es amnistiable.
Ahora, le compete a Ángeles Sánchez Conde y a Joaquín Sánchez-Covisa elaborar un informe que se enviará al Tribunal Supremo. García Ortiz ya ha manifestado su decisión de aplicar la amnistía al delito de malversación, a pesar de que los cuatro fiscales del procés no firmarán el decreto.
Ahora bien, será el Supremo el que tenga la última palabra sobre la aplicación de la ley de amnistía. Actualmente, hay cuatro condenados a los que les afecta el delito de malversación —Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa— y otros tres fugados que no llegaron a ser juzgados —Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig—.
Sobre lo que no se ha debatido en la Junta de Fiscales es sobre si es necesario presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europea sobre la malversación, algo a lo que hicieron referencia los cuatro fiscales del procés.