Carles Puigdemont, a través de su defensa, ha solicitado al Tribunal de Cuentas que le aplique la ley de amnistía «sin más dilaciones» para eximirle de cualquier responsabilidad contable por el procés.
El Tribunal de Cuentas decidió elevar la semana pasada una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al considerar que algunos aspectos de la ley de amnistía podrían chocar con el derecho comunitario. Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, ha presentado un escrito ante el órgano contable para pedir que le aplique la amnistía al expresidente de la Generalitat.
Además, Boye considera que el TC no tiene competencias para plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE porque no es un órgano jurisdiccional. Por eso, consideran que simplemente está «perdiendo el tiempo» para retrasar la aplicación de la amnistía.
Hay algunos tribunales que se han preguntado en las últimas semanas, tras la publicación de la ley de amnistía en el BOE, cómo podía afectar a las causas abiertas. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha ido un paso más allá al pedir informes sobre si es procedente consultar al TJUE algunos artículos de la ley.
De momento, consideran que hay hasta cinco preceptos de la ley de amnistía que podrían ser contrarios al derecho comunitario, en relación sobre todo a la «lucha contra el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE«. También considera que es necesario consultar por los principios de cooperación leal, de igualdad, no discriminación, seguridad jurídica, confianza legítima o Estado de Derecho.