Un juez del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona ha aplicado la ley de amnistía sobre los 46 agentes del Cuerpo Nacional de Policía procesados por las cargas durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Barcelona. De esta manera, se retiran las acusaciones sobre ellos tras concluir que su actuación no vulneró los derechos humanos.
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Los 46 policías estaban siendo investigados por delitos de lesiones y daños contra la integridad moral, como consecuencia de las cargas que tuvieron lugar en Barcelona el 1-O. La Fiscalía ya pidió la aplicación de la ley de amnistía para ellos y ahora un juez se la ha concedido.
El auto del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona concluye que «ninguno de los hechos objeto de este procedimiento superó el umbral de gravedad necesario para excluir la aplicación de la LO 1/24″.
Además, el magistrado Francisco Miralles reconoce que no hubo una vulneración de los derechos humanos y que la acción de los agentes no puede quedar al margen de la amnistía, «sobre todo cuando se compara con el límite de exclusión del artículo 2.a) que permite amnistiar delitos de lesiones que podrían llegar a ser castigados con penas de hasta 5 años de prisión según los artículos 147 y 148 del Código Penal».
El sindicato JUPOL ha celebrado una sentencia que permite acabar con el «calvario judicial» que vivían los 46 agentes. Sin embargo, han rechazado la ley de amnistía por «igualar a policías nacionales con promotores de un intento de golpe de Estado en Catalunya».
Con esta aplicación, ya son 73 personas beneficiadas de la ley de amnistía, aunque podrían ascender a 486 personas con los 82 procedimientos que hay abiertos, de acuerdo a los datos que proporciona la Fiscalía.