La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acogido el recurso presentado por Marta Molina, investigada en la causa de Tsunami Democratic, y ha declarado la invalidez de todas las diligencias acordadas por el juez instructor Manuel García Castellón después del 29 de julio de 2021. Esta fecha corresponde al auto en el que se prorrogó la investigación por seis meses.
En su resolución, el Tribunal ha dado la razón a Molina, al considerar que la prórroga fue extemporánea. En consecuencia, ha ordenado a García Castellón que dicte la resolución correspondiente según el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este artículo establece que el instructor debe decidir si continúa con la causa o dicta el sobreseimiento, basándose únicamente en las diligencias acordadas antes del 29 de julio de 2021. Este dictamen se debe a que el juzgado extendió la investigación el 30 de julio de 2021, un día fuera del plazo estipulado.
El juez explica que este artículo detalla las posibles acciones del instructor tras completar las diligencias de investigación, que en este caso, se limitan a continuar con el procedimiento abreviado o archivar la causa. Añade que a los investigados no se les tomó declaración antes del límite temporal de julio de 2021 establecido por la Sala de lo Penal, por lo que procede el archivo.
Pese a que estas diligencias incluían hechos que claramente podrían constituir un delito de terrorismo, el pronunciamiento de la Sala impide atribuir la comisión de dicho delito a los investigados debido a la falta de pruebas suficientes.
El magistrado ha decidido también remitir su resolución, junto con la de la Sala de lo Penal, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo «para su unión y demás efectos que procedan en su procedimiento de causa especial».
Reacciones al archivo de la causa Tsunami
El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrado la decisión, indicando que el archivo del caso Tsunami debe marcar «el punto final del sufrimiento y la angustia infringida a tanta gente». Además, expresó «una alegría inmensa por todos los compañeros que recuperan sus derechos».
El secretario general de Junts, Josep Rull, también celebró la decisión en un mensaje en X: «Como Al Capone, que cayó al final por los impuestos, al juez de #LaTogaNostra se le ha deshecho su montaje delirante por una cuestión de plazos. Contento por el fin del sufrimiento de muchas personas, imprescindible el archivo total. Felicidades a las defensas».
Laura Borràs, expresidenta del Parlament y miembro de Junts, también manifestó su satisfacción al afirmar que «se acaba el delirio de un Tsunami que fue cívico, pacífico y democrático y no terrorismo». En redes sociales, añadió: «Demasiados jueces han querido interpretar el Código Penal para ajustarlo a los hechos que les convinieran, pero incluso las insensateces judiciales en nombre de la unidad de España tienen un límite».
La Assemblea Nacional Catalana (ANC), por su parte, expresó el «alivio» para muchos de los encausados por la corrección de un «error», pero advirtió que «siguen dependiendo de una justicia española que prevarica y se inventa delitos de terrorismo».