martes, septiembre 17, 2024
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Una de las denunciantes del caso Rafa Mir cambió de versión tras consultar a un abogado

Las versiones contradictorias de la denunciante ante la Policía Local de Bétera y, un día después, ante la Guardia Civil explicarían por qué la Fiscalía no solicitó prisión provisional para el futbolista

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Tan sólo 24 horas después de la supuesta agresión sexual que habría llevado a cabo Rafa Mir en su domicilio de Bétera (Valencia) el pasado 1 de septiembre, una de las denunciantes cambió su versión inicial tras ser «asesorada» por «la abogada de su padre», aunque ella era «reticente a presentar denuncia», según consta en el ‘Acta de manifestación de persona víctima de un delito’ practicada por la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso Estrella Digital.

En sus primeras declaraciones, nada más producirse los hechos, la denunciante manifestó ante la Policía Local de Bétera (que fue la que se personó en la vivienda del futbolista), que Rafa Mir y ella habían comenzado a intimar «de manera consentida», y que, en un determinado momento, ella le pidió que parara y él «le hizo caso».

Esta versión fue corroborada por su amiga, con la que estaba en la vivienda del futbolista, quien aseguró a la Policía Local de Bétera que Rafael «no tenía la culpa de nada» y que había sido uno de sus amigos (en ese momento todavía sin identificar) quien las había agredido.

Cambio de versión ante la Guardia Civil

Sin embargo, un día después de estas manifestaciones, la denunciante cambió su versión en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.

Ante la Unidad Orgánica de Policía Judicial, aseguró que Rafa Mir la había agredido hasta en dos ocasiones. La primera, en la piscina de la vivienda, donde el futbolista la habría agredido sexualmente sin su consentimiento. La segunda, en uno de los baños del domicilio, lugar al que Mir la habría introducido de manera forzada, provocándole «varios morados» en el brazo.

Durante la supuesta segunda agresión, la denunciante aseguró ante la Guardia Civil que había conseguido «zafarse de él, abrir la puerta y salir del baño». Y que fue en ese momento, después de que su amiga le afease que estuviera manteniendo relaciones con el futbolista «después de haberse acostado con ella», cuando ambas se dirigieron al exterior de la vivienda.

La amiga, y así consta en el acta de la Guardia Civil, tenía intención de permanecer en el chalet del futbolista, en el que también estaban los dos amigos del mismo con los que ellas se habían desplazado a Bétera desde una discoteca de Valencia.

Por qué la Fiscalía no ha solicitado prisión provisional para Rafa Mir

Cuando ambas se encontraban en el exterior del domicilio de Rafa Mir, un vecino avisó a la Policía local, explicando que había «dos mujeres desnudas en vía pública» y que «una de ellas había sido agredida por un varón».

Según consta en las diligencias de la Policía Local de Bétera, como el presunto culpable de las agresiones era uno de los amigos del futbolista, que se encontraba en el interior de la vivienda, «se solicitó permiso a Rafa Mir para acceder a la vivienda, mostrándose colaborador para localizar a su amigo».

En estas primeras manifestaciones, otro de los amigos (quien, al parecer, no intervino en los hechos denunciados) explicó a la Policía que los cinco se encontraban «en la piscina» y que las dos mujeres «habían empezado a discutir porque ambas querían intimar con Rafael».

En las declaraciones efectuadas por ambas mujeres a la Policía de Bétera (el día 1 de septiembre) y a la Guardia Civil (casi 24 horas después de los hechos) hay más contradicciones.

Y estas contradicciones, que, como se ha mencionado, se producen después de que la denunciante fuera asesorada por la abogada de su padre, podrían explicar el hecho de que la Fiscalía no haya solicitado la prisión provisional para Rafa Mir como medida cautelar.

La prisión provisional, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se dicta cuando el Ministerio Fiscal y cualquier acusación personada la solicita por considerar que existen indicios suficientes que acrediten la posible comisión de un delito, se puedan destruir pruebas, se genere alarma social o haya riesgo de fuga.

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