El Juzgado Central de Instrucción N° 2 ha elevado una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que asuma la competencia de una investigación que apunta a José Luis Ábalos Meco, actual diputado en las Cortes Generales y exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La solicitud del juez Ismael Moreno se basa en indicios sólidos de participación del exministro en una trama de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos millonarios durante la gestión de la pandemia del COVID-19.
Origen de la investigación
La investigación comenzó en abril de 2022, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias a partir de una denuncia presentada por Alfonso Serrano Sánchez-Capuchino. Esta denuncia, junto a posteriores querellas de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, condujo a la apertura de las Diligencias Previas 65/2023 en el Juzgado Central de Instrucción n.º 2.
El foco inicial de la investigación se centró en una serie de contratos de emergencia adjudicados durante la crisis sanitaria a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, S.L., empresa que recibió contratos por un valor total cercano a los 54 millones de euros. Los contratos se otorgaron por procedimiento de emergencia, sin publicidad y en negociaciones cerradas, lo que levantó sospechas entre las autoridades fiscales y judiciales. Parte de esos contratos fueron gestionados directamente por entidades públicas dependientes del Ministerio de Transportes, que en ese momento estaba dirigido por Ábalos.
Delitos imputados y organización criminal
Según la exposición razonada, José Luis Ábalos podría estar vinculado a una organización criminal dirigida por Víctor Gonzalo de Aldama Delgado, un empresario que habría ejercido una influencia directa en la adjudicación de contratos a través de intermediarios dentro del Ministerio de Transportes y otras entidades públicas como Puertos del Estado y ADIF. La exposición señala que Ábalos ocupaba un «papel principal» en esta trama, en la que se habrían concertado adjudicaciones ilícitas a empresas favorecidas a cambio de pagos o beneficios.
Entre los delitos que podrían imputarse al exministro se encuentran:
- Pertenencia a organización criminal: Según los indicios, Ábalos jugaba un papel clave dentro de la estructura liderada por Aldama, quien operaba con el objetivo de obtener contratos públicos en beneficio de sus empresas, entre las que destacaba Soluciones de Gestión.
- Tráfico de influencias: Se señala que el exministro habría intervenido directamente para adjudicar contratos, como el suministro de mascarillas y otros equipos sanitarios, en favor de empresas relacionadas con Aldama.
- Cohecho: Además de los contratos, la exposición presenta pruebas que indican que Ábalos habría recibido contraprestaciones en especie por su intervención. Estas incluirían el uso de propiedades de lujo, como un chalet en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz, y un piso en el Edificio Torre de Madrid, que habría sido facilitado para uso personal y para la residencia de una persona cercana a él.
El papel de los intermediarios
Koldo García Izaguirre, exasesor del Ministerio de Transportes y consejero de RENFE, es otro de los nombres clave en esta trama. Según la investigación, García Izaguirre habría actuado como intermediario entre las empresas de Aldama y los altos cargos ministeriales, facilitando las adjudicaciones a cambio de pagos mensuales y extraordinarios. Entre estos pagos destacan los 10.000 euros mensuales que Aldama abonaba a García Izaguirre, además de otros pagos adicionales que, en última instancia, habrían beneficiado a Ábalos de manera indirecta.
Contratos bajo sospecha
Los contratos más relevantes bajo investigación corresponden al suministro de material sanitario durante la fase crítica de la pandemia. Entre ellos se encuentra uno firmado en marzo de 2020 entre Puertos del Estado y Soluciones de Gestión, en el cual, según los documentos, Ábalos habría tenido una participación directa. Estos contratos, gestionados por entidades dependientes del Ministerio de Transportes, habrían sido negociados antes de que las necesidades fueran oficialmente publicadas por el gobierno, lo que sugiere un concierto previo entre las partes involucradas.
Un aforado bajo la lupa del Supremo
Dada la condición de aforado de José Luis Ábalos, el Juzgado Central de Instrucción N.º 2 no puede continuar con la instrucción sin vulnerar las garantías procesales del aforado, por lo que ha remitido la exposición razonada al Tribunal Supremo. Este es el órgano competente para continuar con la instrucción y, en su caso, proceder a un juicio penal. De acuerdo con la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, la instrucción en estos casos debe ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar la responsabilidad del aforado y justificar la asunción de la competencia.
El juez Moreno, además, ha subrayado que los indicios que apuntan a la responsabilidad penal de Ábalos son «claros y serios», destacando que existen pruebas que vinculan directamente al exministro con las decisiones de adjudicación. Este nivel de prueba es el que, de acuerdo con el Tribunal Supremo, permite a la Sala Segunda aceptar la competencia sobre el caso.
El futuro del caso
La intervención del Tribunal Supremo marcará el siguiente paso en esta investigación de gran repercusión, no solo por la gravedad de los delitos investigados, sino también por las implicaciones políticas que conlleva. José Luis Ábalos, un alto perfil del Partido Socialista, ha ocupado cargos de gran relevancia durante el gobierno de Pedro Sánchez, incluido el de Ministro de Transportes, desde donde se gestionaron algunos de los contratos bajo sospecha.
Mientras la investigación sigue su curso, el caso Ábalos vuelve a colocar el foco en la gestión de los contratos de emergencia adjudicados durante la pandemia, un periodo que ha generado múltiples polémicas y denuncias de corrupción en distintos niveles de la administración pública.
En las próximas semanas, la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidirá si acepta la causa y continua con la instrucción, lo que podría derivar en un proceso judicial mediático que pondrá a prueba el sistema de aforamientos en España.
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