En respuesta a los estragos causados por la DANA en Valencia, el Ministerio de Justicia ha implementado un conjunto de medidas para apoyar a los juzgados afectados y ayudar a las zonas afectadas a recuperar la normalidad. La decisión, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, permite la suspensión de los plazos administrativos y procesales, así como el refuerzo inmediato en juzgados de la región.
La suspensión de los plazos procesales, previamente acordada por el Poder Judicial, ha sido ratificada por el Gobierno, y ahora se extiende también a los plazos administrativos. Esta solicitud, realizada por la Abogacía Española, pretende aliviar la carga en las áreas más impactadas por el temporal de la semana pasada, que ha ocasionado retrasos y daños en infraestructuras judiciales y en otros sectores de la administración pública.
Refuerzos en los juzgados afectados
Asimismo, el Ministerio de Justicia ha anunciado que los juzgados de Torrent, Catarroja y Requena recibirán más personal con efecto inmediato. Para mitigar posibles retrasos en los procesos judiciales debido a las interrupciones causadas por el temporal, cada uno de estos juzgados contará con un juez y un letrado de la Administración de Justicia, quienes iniciarán sus funciones el próximo jueves.
Además, se ha habilitado el teletrabajo en las oficinas de juzgados, notarías, el registro civil y otras instituciones registrales para garantizar la continuidad de los servicios y evitar mayores demoras.
Solicitudes de la Abogacía Española
Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española ha solicitado al Gobierno que las ayudas previstas para los trabajadores autónomos incluyan una mención específica para los mutualistas alternativos a la Seguridad Social, para evitar las exclusiones que se vivieron durante la pandemia de COVID-19.
El Ministerio se ha comprometido con la Conselleria para evaluar la implementación de un plan de choque, en caso de que la acumulación de retrasos lo requiera, asegurando una respuesta efectiva y puntual ante las necesidades judiciales en las zonas afectadas.