La empresa Hafesa Energía y sus directivos siguen enfrentándose a un serio obstáculo en su defensa legal: la falta de entrega de pruebas fundamentales por parte de las autoridades judiciales, lo que vulnera gravemente su derecho a un proceso justo.
A pesar de los reiterados intentos de su defensa legal por acceder a las grabaciones telefónicas y documentos esenciales para articular su estrategia, los obstáculos burocráticos y la dilación en la puesta a disposición de estos elementos han generado una situación de indefensión que pone en jaque los principios constitucionales más básicos.
Bloqueo injustificado de acceso a las transcripciones y grabaciones de la UCO
La defensa de Hafesa viene denunciando la ausencia de acceso a las transcripciones y grabaciones de las intervenciones telefónicas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al Juzgado Central de Instrucción N.º 4. En un oficio fechado el 8 de noviembre de 2024, se confirma la entrega de las pruebas en un dispositivo USB que contiene grabaciones del periodo comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de octubre de 2018.
Sin embargo, la defensa argumenta que el acceso efectivo a este material sigue sin concretarse, pues el volcado de la información en la Plataforma Cloud del Ministerio de Justicia aún no ha garantizado su plena disponibilidad para la revisión por parte de los abogados de la empresa.
En una reciente diligencia de ordenación del 21 de enero de 2025, se recoge la recepción de documentación clave proveniente de la Audiencia Nacional, pero sin que se hayan adoptado medidas efectivas para garantizar el acceso de la defensa a la totalidad de las pruebas en su versión íntegra y sin restricciones.
Un derecho constitucional en entredicho
El derecho de defensa, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, exige que toda persona sometida a un proceso penal tenga pleno acceso a las pruebas en su contra para poder ejercer su legítimo derecho a refutar las acusaciones.
Sin embargo, la negativa o la demora en la entrega de los documentos solicitados por la defensa de Hafesa ha generado una clara situación de indefensión que podría conllevar la nulidad de actuaciones, tal como establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La defensa sostiene que la falta de acceso a la totalidad de las pruebas impide la preparación de una estrategia adecuada, vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva. Además, argumentan que esta situación impide el principio de igualdad de armas en el proceso, favoreciendo a la acusación en detrimento de los investigados.
El precedente de la Audiencia Nacional
No es la primera vez que se denuncian irregularidades en la gestión de pruebas en procesos de gran complejidad. La Audiencia Nacional ya ha tenido que pronunciarse en casos similares, como en la causa de la trama Gürtel, donde la falta de acceso oportuno a la documentación generó controversias sobre la validez de las pruebas y la equidad del proceso. La defensa de Hafesa teme que esta situación pueda repetirse, generando un perjuicio irreparable para sus representados.
Una espera insostenible para la defensa de Hafesa
Mientras la defensa de Hafesa continúa luchando por su derecho a acceder a las pruebas que sustentan la acusación, la sombra de la indefensión se cierne sobre el proceso. La empresa y sus directivos reiteran su disposición a colaborar con la Justicia, pero insisten en que, sin un acceso completo y transparente a las pruebas, la presunción de inocencia queda gravemente comprometida.
El caso Hafesa se ha convertido en un emblema de las dificultades que enfrentan los investigados en procedimientos de gran envergadura, donde la agilidad y transparencia de la justicia deberían ser la norma, y no la excepción.
Caso Hafesa: denuncia por irregularidades en el acceso a pruebas clave